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Our 2021 Annual Report includes information about our strategy, our team and our supporters, and details activities and key achievements throughout the year.
Our work would not be possible without the generous support of our donors, to whom we are immensely grateful.
The Right to Education Project's Annual Report 2016 includes information on the activities we have undertaken as well as our key achievements and impacts.
In this briefing note compendium, UNESCO IESALC presents the findings of a thematic consultation dedicated to rethinking merit and critically discussing the structural barriers surrounding this concept. The briefing note compendium presents experts’ views on the various challenges associated with merit and some ideas to restart the debate and promote the right to higher education from a social justice perspective.
Within this compendium is a paper published by Delphine Dorsi entitled 'Capacity or Merit? Rethinking notions in access to higher education', pp.18-19.
Le rôle des acteurs non étatiques ne se limite pas à la prestation de services éducatifs, il s’étend aussi aux interventions menées à différents niveaux d’éducation et au sein de diverses sphères d’influence. Parallèlement à son examen des progrès accomplis en vue de la réalisation de l’ODD 4 – examen qui porte notamment sur les nouvelles données probantes relatives à l’impact de la pandémie de COVID-19 – le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2021/2 exhorte les gouvernements à considérer l’ensemble des établissements, des élèves et des enseignants comme faisant partie d’un système unique. Les normes, les données, les mesures incitatives et la redevabilité doivent aider les gouvernements à protéger, à respecter et à faire valoir le droit à l’éducation de tous, tout en gardant à l’esprit les privilèges et l’exploitation. Si l’enseignement financé par des fonds publics ne doit pas nécessairement être dispensé par le système public, les disparités des processus éducatifs, les résultats des élèves et les conditions de travail des enseignants doivent toutefois être abordés. Plutôt que d’être protégées à tout prix par le secret commercial, l’efficacité et l’innovation devraient être diffusées et pratiquées par tous. Pour y parvenir et faire barrage aux intérêts particuliers, il convient de préserver la transparence et l’intégrité des processus d’élaboration des politiques publiques relatives à l’éducation.
L’appel au ralliement du Rapport – Qui décide ? Qui est perdant ? – invite les décideurs à remettre en question leurs relations avec les acteurs non étatiques au regard de leurs choix fondamentaux : entre la liberté de choix et l’équité ; entre l’encouragement des initiatives et la définition de normes ; entre des groupes de population aux moyens et besoins différents ; entre leurs engagements immédiats souscrits dans le cadre de l’ODD 4 et ceux qui doivent être réalisés progressivement (par exemple, l’éducation postsecondaire) ; ainsi qu’entre l’éducation et d’autres secteurs sociaux.
Non-state actors’ role extends beyond provision of schooling to interventions at various education levels and influence spheres. Alongside its review of progress towards SDG 4, including emerging evidence on the COVID-19 pandemic’s impact, the 2021/2 Global Education Monitoring Report urges governments to see all institutions, students and teachers as part of a single system. Standards, information, incentives and accountability should help governments protect, respect and fulfil the right to education of all, without turning their eyes away from privilege or exploitation. Publicly funded education does not have to be publicly provided but disparity in education processes, student outcomes and teacher working conditions must be addressed. Efficiency and innovation, rather than being commercial secrets, should be diffused and practised by all. To that end, transparency and integrity in the public education policy process need to be maintained to block vested interests.
The report’s rallying call – Who chooses? Who loses? – Invites policymakers to question relationships with non-state actors in terms of fundamental choices: between equity and freedom of choice; between encouraging initiative and setting standards; between groups of varying means and needs; between immediate commitments under SDG 4 and those to be progressively realized (e.g. post-secondary education); and between education and other social sectors.
El papel de los actores no estatales se extiende desde la impartición de enseñanza escolar hasta las intervenciones en varios niveles de educación y esferas de influencia. A la par de su examen de los progresos realizados en la consecución del ODS 4, comprendidos los nuevos datos sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19, el Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2021-2022 insta a los Gobiernos a considerar todas las instituciones, los alumnos y los docentes como parte de un sistema único. Las normas, la información, los incentivos y la rendición de cuentas deberían ayudar a los Gobiernos a proteger, respetar y hacer efectivo el derecho a la educación de todos, sin dejar de prestar atención a los privilegios o la explotación. La educación financiada con fondos públicos no tiene por qué ser impartida únicamente por el sector público, pero hay que atender la disparidad en los procesos educativos, los resultados de los alumnos y las condiciones de trabajo de los docentes. Lejos de ser secretos comerciales, la eficiencia y la innovación deberían difundirse y ser practicadas por todos. A tales efectos, es necesario mantener la transparencia y la integridad en el proceso de las políticas de educación pública a fin de cerrar el paso a los intereses creados.
El llamamiento arengador del informe -¿Quién elige? ¿Quién pierde?- invita a los encargados de la formulación de políticas a cuestionar las relaciones con los actores no estatales en cuanto a las opciones fundamentales: entre la equidad y la libertad de elección; entre el fomento de la iniciativa y el establecimiento de normas; entre grupos de diferentes recursos y necesidades; entre los compromisos inmediatos en el marco del ODS 4 y los que deben cumplirse paulatinamente (por ejemplo, la educación postsecundaria); y entre la educación y otros sectores sociales.
La educación superior forma parte del derecho a la educación y está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y hacer realidad el derecho a la educación superior y que hay formas de hacerles rendir cuentas por las violaciones o privaciones del derecho a la educación superior. El derecho internacional de los derechos humanos establece que la educación superior debe ser accesible a todas las personas por igual, sin discriminación, en función de la capacidad. Esto debe lograrse por todos los medios apropiados y, en particular, mediante la introducción progresiva de la enseñanza gratuita.
Sin embargo, a pesar de un amplio marco jurídico internacional que garantiza el derecho a la educación superior sin ningún tipo de discriminación y un amplio compromiso político para promover la inclusión en la educación superior, persisten importantes desigualdades, tanto en el acceso a la educación superior como en el acceso a las titulaciones y programas más gratificantes desde el punto de vista social. Cuestiones como la privatización de la enseñanza superior y el aumento de las tasas académicas representan una amenaza para la igualdad de acceso y participación en la enseñanza
superior, especialmente en contextos en los que persisten las desigualdades sociales estructurales, como las desigualdades de clase, de género o territoriales. Además, ciertos grupos –como las minorías étnicas, raciales y religiosas, así como las personas inmigrantes, refugiadas o solicitantes de asilo— siguen estando ampliamente infrarrepresentados en la enseñanza superior en comparación con su proporción en el conjunto de la población.
Estos y otros muchos retos relacionados con el acceso y la participación en la educación superior pueden salir a la luz cuando supervisamos cuidadosamente el derecho a la educación superior. Solo mediante el seguimiento del derecho a la educación superior se pueden diseñar leyes y políticas adaptadas que aborden las desigualdades y discriminaciones persistentes.
Esta guía propone un enfoque basado en los derechos humanos para las desigualdades relativas al acceso y la participación de las y los estudiantes en la educación superior. El replanteamiento del análisis de la educación a través de la lente de los derechos humanos contrasta fuertemente con la visión reducida de la educación como generadora de capital humano.
El seguimiento de los derechos humanos es útil para abordar las desigualdades y las discriminaciones en el acceso y la participación en la educación superior porque permite evaluar la realización del derecho a la educación en un contexto determinado, así como las lagunas en la legislación y las políticas que protegen este derecho. El seguimiento le ayudará a identificar e investigar el grado de realización del derecho a la educación superior, especialmente en lo que respecta a la obligación de los Estados de proporcionar un acceso igualitario, en función de la capacidad, sin discriminación. En última instancia, el seguimiento del derecho a la educación superior le proporcionará el análisis jurídico y fáctico que le permitirá responsabilizar a los Estados en caso de privaciones y violaciones del derecho a la educación superior.
Higher education is part of the right to education, protected under international human rights law. This means that states have the obligation to protect respect and fulfil the right to higher education and that there are ways to hold them accountable for violations or deprivations of the right to higher education.
However, despite a comprehensive international legal framework ensuring the right to higher education without any discrimination and a wide political commitment to promote inclusion in higher education, important inequalities persist, both in terms of access to higher education and of access to the most socially rewarding degrees and programmes. Issues such as privatisation of higher education and rising tuition fees represent a threat to equal access and participation in higher education, especially in contexts where structural social inequalities - such as class, gender, or territorial inequalities - persevere. Moreover, certain groups - such as ethnic, racial, and religious minorities as well as migrants, refugees, or asylum seekers - are still widely underrepresented in higher education if compared to their proportion in the population as a whole.
These, and many other challenges regarding access and participation in higher education, can be brought to light when we carefully monitor the right to higher education. It is only by monitoring the right to higher education that adapted laws and policies which can address persistent inequalities and discriminations can be designed.
This guide proposes a human rights based approach to inequalities regarding students’ access to and participation in higher education. This guide is part of a series of thematic guidance notes providing practical advice on monitoring various aspects of the right to education from a human rights perspective.