La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red de organizaciones de la sociedad civil fuertemente comprometida con la plena realización del derecho humano a la educación pública, gratuita, sin discriminación de ningún tipo, con justicia social y ambiental para todas las personas. En ese sentido, hemos venido trabajando, desde hace más de una década, la temática relativa al financiamiento adecuado, con recursos públicos, por el fortalecimiento de la educación pública, cuestionando las tendencias a la privatización y mercantilización en educación. La presente publicación – una continuidad de esos esfuerzos – resulta de una investigación con el propósito de evidenciar si y en qué grado los marcos legales de la región permiten el lucro en la educación en su etapa obligatoria. El estudio incluyó a nueve países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú. Nuestro punto de partida y referencial para realizarla es el marco de los derechos humanos y su reafirmación por encima de los intereses económicos.
In recent decades, governments have made considerable efforts to provide education for all. However, a large gap remains between international commitments, such as the Sustainable Development Goal 4, and the actual achievement of inclusive and equitable quality education for all. As a result, certain actors often critique public education as ineffective and inefficient, and thus incapable of addressing this issue. They argue for privatisation as a solution, deeming private providers as more innovative and effective than public ones. However, shortcomings in public education often arise not from lack of capacity, but lack of political will.
This review of examples of public education in low- and middle-income countries shows that, in direct contrast to widely disseminated (and empirically unvalidated) ideas, public education can be highly effective, efficient and transformative and, crucially, it is possible to develop quality public education everywhere.
In recent decades, governments have made considerable efforts to provide education for all. However, a large gap remains between international commitments, such as the Sustainable Development Goal 4, and the actual achievement of equitable quality education for all. As a result, certain actors often critique public education as ineffective and inefficient, and thus incapable of addressing this issue. They argue for privatisation as a solution, deeming private providers as more innovative and effective than public ones. However, shortcomings in public education often arise not from lack of capacity, but lack of political will.
This review of examples of public education in low- and middle-income countries shows that, in direct contrast to widely disseminated (and empirically unvalidated) ideas, public education can be highly effective, efficient, and transformative and, crucially, it is possible to develop quality public education everywhere.
Public education is often critiqued as ineffective and inefficient. However, where shortcomings in public education are identified, they can often be attributed not to lack of capacity, but lack of political will. Reviewing seven examples of public education in developing countries, this research shows that, in direct contrast to widely disseminated ideas, public education can be the most effective, efficient, and transformative approach to education, and, crucially, it is possible to develop quality public education everywhere.
En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas. Para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados.
À la lumière des normes relatives aux droits de l'Homme concernant le droit à l'éducation et de l'objectif de développement durable (ODD) 4, les organisations de la société civile signataires cidessous expriment de sérieuses inquiétudes quant aux implications potentielles de l’étude récemment publiée "Can Education be Standardized ? Evidence from Kenya" (L'Éducation peutelle être standardisée ? Données du Kenya). Nous exhortons les gouvernements et les autres parties prenantes à reconnaître les limites de cette étude, que certains chercheront à utiliser pour justifier l'expansion de l'offre éducative privée à but lucratif et des méthodes d'enseignement scénarisées1 . Il existe des approches bien établies pour relever les défis auxquels sont confrontés certains systèmes éducatifs et nous exhortons toutes les parties prenantes à se concentrer sur les stratégies et les politiques éducatives qui ont fait leurs preuves en matière d'éducation inclusive, équitable et de bonne qualité, et qui contribuent à renforcer l'éducation publique pour toutes et tous.
In the light of human rights standards on the right to education and the Sustainable Development Goal (SDG) 4, the signatory civil society organisations below raise serious concerns about the potential implications of the recently released working paper “Can Education be Standardized? Evidence from Kenya". We urge governments and other actors to recognise the limitations of this study, which some will seek to use to justify the expansion of for-profit private provision of education and scripted teaching methods. There are well established approaches to address the challenges faced by some education systems and we urge all actors to focus on education strategies and policies that have been proven to deliver inclusive, equitable and good quality education, and that contribute to strengthening public education for all.
La emergencia climática, el aumento de las desigualdades y la pandemia del COVID-19 han reafirmado los fallos y las limitaciones del actual modelo neoliberal para responder a las crisis y garantizar una vida digna para todos. Es necesaria una transformación en la organización de nuestra economía para afrontar los retos que el mundo tiene actualmente y crear sociedades justas, inclusivas, socialmente justas, equitativas y sostenibles.
Con este fin, actores de una amplia gama de movimientos, sectores y regiones se han movilizado en los últimos años para reclamar y reconstruir los servicios públicos como base de una economía justa y equitativa que funcione para todos. Los hitos clave han sido la primera conferencia mundial "El futuro es público", celebrada en Ámsterdam en 2019, que reunió a más de 400 participantes para debatir estrategias para devolver lo "público" a los servicios públicos y construir la propiedad pública democrática de la economía, y el lanzamiento del Manifiesto Global de la Sociedad Civil sobre los Servicios Públicos en octubre de 2021, firmado por más de 200 organizaciones.
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil representantes de más de cien países, de movimientos de base, organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, movimientos feministas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile, y de forma virtual, para debatir el papel crítico de los servicios públicos para nuestro futuro.
Después de la reunión, la Declaración de Santiago para los Servicios Públicos fue redactada por un grupo de redacción que representó a todos los sectores, con base en las notas y discusiones llevadas a cabo durante los cuatro días.
Nos encontramos en una coyuntura crítica. En un momento en que el mundo se enfrenta a una serie de crisis, desde la emergencia medioambiental hasta el hambre y la profundización de las desigualdades, pasando por el aumento de los conflictos armados, las pandemias, el aumento del extremismo y la escalada de la inflación, está gestándose una respuesta colectiva. Se está creando un gran movimiento y están surgiendo soluciones concretas para contrarrestar el paradigma dominante de crecimiento, privatización y mercantilización.
Cientos de organizaciones de los sectores de la justicia socioeconómica y los servicios públicos, desde la educación y la salud hasta los cuidados, la energía, la alimentación, la vivienda, el agua, el transporte y la protección social, se están uniendo para hacer frente a los efectos nocivos de la comercialización de los servicios públicos, reclamar el control público democrático de los mismos y volver a imaginar una economía verdaderamente igualitaria y orientada a los derechos humanos que funcione para las personas y el planeta.
Exigimos el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, equitativos y transformadores de las relaciones desiguales de género como base de una sociedad justa y equitativa.
Nuestro futuro es público
Únete a nuestro llamamiento en favor del acceso universal a unos servicios públicos de calidad, equitativos y transformadores de las relaciones desiguales de género como base de una sociedad justa y equitativa.
The climate emergency, rising inequalities and the COVID-19 pandemic have reaffirmed the failures and limitations of the current neoliberal model to respond to crises and ensure a dignified life for all. Transformation in the organisation of our economy is needed in order to confront the challenges the world is currently facing and to create societies that are fair, inclusive, socially-just, equitable and sustainable.
To this end, actors from a diverse range of movements, sectors and regions have, in recent years, been mobilising to reclaim and rebuild public services as the foundation of a fair and just economy that works for all. Key milestones have included the first global “Future is Public” conference held in Amsterdam 2019, which brought together over 400 participants to discuss strategies for putting the “public” back into public services and to build democratic public ownership of the economy, and the launch of the collective civil society Global Manifesto on Public Services in October 2021, signed by over 200 organisations.
From 29th November to 2nd December over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future.
Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted by a drafting group representing all sectors, on the basis of the notes and discussions during the four days.
We are at a critical juncture. At a time when the world faces a series of crises, from the environmental emergency to hunger and deepening inequalities, increasing armed conflicts, pandemics, rising extremism, and escalating inflation, a collective response is growing. A large movement is building and concrete solutions are emerging to counter the dominant paradigm of growth, privatisation and commodification.
Hundreds of organisations across socio-economic justice and public services sectors, from education and health services, to care, energy, food, housing, water, transportation and social protection, are coming together to address the harmful effects of commercialising public services, to reclaim democratic public control, and to reimagine a truly equal and human rights oriented economy that works for people and the planet.
We demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.
Our Future is Public: Join our call for universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society. Read the Declaration, and endorse it here.
L'urgence climatique, la montée des inégalités et la pandémie de COVID-19 ont réaffirmé les échecs et les limites du modèle néolibéral actuel pour répondre aux crises et assurer une vie digne pour tous. Une transformation de l'organisation de notre économie est nécessaire pour relever les défis auxquels le monde est actuellement confronté et créer des sociétés justes, inclusives, socialement justes, équitables et durables.
Àcette fin, des acteurs d'un large éventail de mouvements, de secteurs et de régions se sont mobilisés ces dernières années pour reconquérir et reconstruire les services publics en tant que fondement d'une économie juste et équitable qui fonctionne pour tous. Parmi les étapes clés, citons la première conférence mondiale « Future is Public » qui s'est tenue à Amsterdam en 2019, qui a réuni plus de 400 participants pour discuter de stratégies visant à remettre le « public » dans les services publics et à renforcer l'appropriation publique démocratique de l'économie, et le lancement du Manifeste mondial collectif de la société civile sur les services publics en octobre 2021, signé par plus de 200 organisations.
Du 29 novembre au 2 décembre, plus d'un millier de représentants de plus d'une centaine de pays, issus de mouvements populaires, d'organisations de défense des droits humains et de développement, de mouvements féministes, de syndicats et d'autres organisations de la société civile, se sont réunis à Santiago, au Chili, et virtuellement, afin de discuter du rôle crucial des services publics pour notre avenir.
Suite à la réunion, la Déclaration de Santiago pour les services publics a été rédigée par un groupe de rédaction représentant tous les secteurs, sur la base des notes et des discussions des quatre jours.
Nous sommes à un moment critique. À une époque où le monde est confronté à une série de crises, de l'urgence environnementale à la faim et à l'aggravation des inégalités, à l'augmentation des conflits armés, des pandémies, de la montée de l'extrémisme et de l'escalade de l'inflation, une réponse collective se développe. Un vaste mouvement se construit et des solutions concrètes émergent pour contrer le paradigme dominant de la croissance, de la privatisation, et de la marchandisation.
Des centaines d'organisations parmi les secteurs de la justice socio-économique et des services publics, des services d'éducation et de santé aux soins, à ceux de l'énergie, de l'alimentation, du logement, de l'eau, destransports et de la protection sociale, sont en train de se retrouver pour contrer les effets néfastes de la commercialisation des services publics, reprendre un contrôle public démocratique sur ces services, et réinventer une économie véritablement égalitaire et axée sur les droits de l'Homme qui fonctionne pour les personnes et la planète. Nous demandons l'accès universel à des services publics de qualité, équitables et transformateurs en matière de genre comme fondement d'une société juste et équitable.
Nous demandons l'accès universel à des services publics de qualité, équitables et transformateurs en matière de genre comme fondement d'une société juste et équitable.
Notre avenir est public: Rejoignez notre appel en faveur de l'accès universel à des services publics de qualité, équitables et transformateurs en matière de genre comme fondement d'une société juste et équitable.