Education is a fundamental human right under international law. While it should be a right that everyone is entitled to, migrants face multiple challenges in the enjoyment of their right to education.
In the present report, the Special Rapporteur aims to understand these challenges and considers the de facto and de jure situation of the right to education of migrants around the world. Through an analysis of international and regional legal frameworks and more than 500 relevant documents authored by non-governmental organizations (NGOs) and United Nations bodies, the report presents its major findings in terms of the 4As framework for the right to education: availability, accessibility, acceptability and adaptability, as well as in terms of cross-cutting issues related to identity.
The report identifies key issues to ensuring the right to education of migrants, including the capacities of public educational institutions, and challenges migrants face in accessing educational facilities and quality educational opportunities that take into account the specific needs of migrant groups.
The report proposes key recommendations to improve the protection and guarantee the full enjoyment by migrants of their right to education through the implementation of the 4As framework for the right to education.
The present report outlines the main activities undertaken by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Felipe González Morales, during the reporting period. In the report, the Special Rapporteur highlights the human rights challenges faced by migrants in an irregular situation by providing an analysis on how irregularity increases vulnerability to human rights violations. He discusses how to address situations of vulnerability of migrants due to a lack of regular migration status by creating and strengthening regularization mechanisms. On the basis of the information and analysis provided by States, international organizations, civil society and other stakeholders, the Special Rapporteur identifies promising practices, ongoing efforts and existing challenges and provides a set of recommendations aimed at expanding and diversifying regularization mechanisms and programmes to enhance the protection of the human rights of migrants.
On trouvera dans le présent rapport un résumé des principales activités menées par le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, Felipe González Morales, au cours de la période considérée. Le Rapporteur spécial appelle l’attention sur les problèmes que rencontrent les migrants en situation irrégulière dans l’exercice de leurs droits humains et analyse en quoi l’irrégularité accroît la vulnérabilité aux violations de ces droits. Il examine comment l’on peut remédier à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants qui n’ont pas de titre de séjour en créant des mécanismes de régularisation et en renforçant ceux qui existent déjà. En se basant sur les informations et les analyses communiquées par les États, les organisations internationales, la société civile et d’autres acteurs, le Rapporteur spécial recense les pratiques prometteuses, les travaux en cours et les problèmes qui se posent, et délivre une série de recommandations préconisant d’élargir et de diversifier les mécanismes et programmes de régularisation afin de renforcer la protection des droits humains des migrants.
يعرض هذا التقرير الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ، فيليبي غونزاليس موراليس ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في التقرير ، يسلط المقرر الخاص الضوء على تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها المهاجرون الذين هم في وضع غير قانوني من خلال تقديم تحليل حول كيفية زيادة المخالفات في التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان. ويناقش كيفية معالجة حالات ضعف المهاجرين بسبب الافتقار إلى وضع الهجرة النظامية من خلال إنشاء وتعزيز آليات تسوية الأوضاع. على أساس المعلومات والتحليلات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ، يحدد المقرر الخاص الممارسات الواعدة والجهود الجارية والتحديات القائمة ويقدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى توسيع وتنويع آليات التسوية والبرامج لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين
En el presente informe se describen las principales actividades emprendidas por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, en el período examinado. En él, el Relator Especial hace hincapié en los problemas de derechos humanos que experimentan los migrantes en situación irregular y presenta un análisis de la manera en que la situación de irregularidad aumenta la vulnerabilidad ante las violaciones de los derechos humanos. Trata de la forma de abordar las situaciones de vulnerabilidad de los migrantes por no estar en una situación migratoria regular creando y fortaleciendo mecanismos de regularización.
Sobre la base de la información y de los análisis proporcionados por los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y otros interesados, el Relator Especial señala las prácticas prometedoras, las iniciativas en curso y los desafíos existentes y presenta una serie de recomendaciones tendentes a ampliar y diversificar los mecanismos y programas de regularización para mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes.
La educación superior forma parte del derecho a la educación y está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y hacer realidad el derecho a la educación superior y que hay formas de hacerles rendir cuentas por las violaciones o privaciones del derecho a la educación superior. El derecho internacional de los derechos humanos establece que la educación superior debe ser accesible a todas las personas por igual, sin discriminación, en función de la capacidad. Esto debe lograrse por todos los medios apropiados y, en particular, mediante la introducción progresiva de la enseñanza gratuita.
Sin embargo, a pesar de un amplio marco jurídico internacional que garantiza el derecho a la educación superior sin ningún tipo de discriminación y un amplio compromiso político para promover la inclusión en la educación superior, persisten importantes desigualdades, tanto en el acceso a la educación superior como en el acceso a las titulaciones y programas más gratificantes desde el punto de vista social. Cuestiones como la privatización de la enseñanza superior y el aumento de las tasas académicas representan una amenaza para la igualdad de acceso y participación en la enseñanza
superior, especialmente en contextos en los que persisten las desigualdades sociales estructurales, como las desigualdades de clase, de género o territoriales. Además, ciertos grupos –como las minorías étnicas, raciales y religiosas, así como las personas inmigrantes, refugiadas o solicitantes de asilo— siguen estando ampliamente infrarrepresentados en la enseñanza superior en comparación con su proporción en el conjunto de la población.
Estos y otros muchos retos relacionados con el acceso y la participación en la educación superior pueden salir a la luz cuando supervisamos cuidadosamente el derecho a la educación superior. Solo mediante el seguimiento del derecho a la educación superior se pueden diseñar leyes y políticas adaptadas que aborden las desigualdades y discriminaciones persistentes.
Esta guía propone un enfoque basado en los derechos humanos para las desigualdades relativas al acceso y la participación de las y los estudiantes en la educación superior. El replanteamiento del análisis de la educación a través de la lente de los derechos humanos contrasta fuertemente con la visión reducida de la educación como generadora de capital humano.
El seguimiento de los derechos humanos es útil para abordar las desigualdades y las discriminaciones en el acceso y la participación en la educación superior porque permite evaluar la realización del derecho a la educación en un contexto determinado, así como las lagunas en la legislación y las políticas que protegen este derecho. El seguimiento le ayudará a identificar e investigar el grado de realización del derecho a la educación superior, especialmente en lo que respecta a la obligación de los Estados de proporcionar un acceso igualitario, en función de la capacidad, sin discriminación. En última instancia, el seguimiento del derecho a la educación superior le proporcionará el análisis jurídico y fáctico que le permitirá responsabilizar a los Estados en caso de privaciones y violaciones del derecho a la educación superior.