Este documento enumera los instrumentos internacionales que se refieren al derecho a la educación de las personas con discapacidades con sus disposiciones pertinentes.

[ENGLISH] [FRANÇAIS]

Esta Observación General 9 del Comité de los Derechos del Niño interpreta la Convención sobre los Derechos del Niño con respeto a los derechos del niño con discapacidad, incluso sus derechos a la educación. (Ver párrafos 62 a69)

[ENGLISH]

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos. 

[ENGLISH]

Este informe de la CME sobre educación y discapacidad agrupa las pruebas disponibles hoy sobre la escala del problema, destacando los niveles de exclusión de la educación que afrontan las niñas y niños con discapacidad, y describiendo las barreras más habituales que obstaculizan su acceso a la educación de calidad. También aboga por los sistemas educativos inclusivos, donde los niños y niñas con discapacidad se integran en escuelas convencionales, y las aulas y las escuelas dan una respuesta más eficaz y se adaptan mejor a sus necesidades. Para finalizar, el informe resume las respuestas políticas que pueden facilitar la eliminación de las dichas barreras – desde la familia, las comunidades locales y el gobierno nacional, hasta la comunidad internacional – estableciendo claramente las áreas de acción y las recomendaciones políticas para los gobiernos, los donantes y la comunidad internacional

[ENGLISH]

Este informe se presenta con arreglo a la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, y analiza uno de los temas de especial interés para el Relator Especial sobre el derecho a la educación: el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva. El derecho a una educación inclusiva implica la posibilidad de que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos. El paradigma de la educación inclusiva surge como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional, calificada como patriarcal, utilitarista y segregadora, así como a las insuficiencias resultantes de la educación especial y de las políticas de integración de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de educación.

El concepto de educación inclusiva se encuentra implícitamente comprendido en el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 29 y 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y expresamente, entre otros, en la Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad en 1994 y en la recientemente adoptada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece la obligación de los Estados de asegurar un sistema de educación inclusiva.

El informe recomienda una serie de medidas legislativas, de gestión y financieras que deberán ser adoptadas con el fin de que este derecho sea una realidad. Igualmente, se identifican algunos de los obstáculos que atentan contra el derecho a la educación inclusiva, con base en las respuestas enviadas por varios Estados y organizaciones no gubernamentales (ONG) a un cuestionario remitido por el Relator Especial, que tuvo por objeto constatar el nivel de aplicación de las normas internacionales en la materia. Entre otros obstáculos, se cita la discrepancia existente entre el marco jurídico y los recursos disponibles para la realización del derecho a la educación inclusiva, así como la falta de una verdadera voluntad política para tal fin.

 

[ENGLISH]