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En este informe, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas, Komba Bolly Barry, examina el ejercicio efectivo del derecho a la educación y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en el contexto del aumento de las entidades del sector privado en el ámbito de la educación.

La Relatora Especial presenta al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados Miembros de las Naciones Unidas los Principios de Abiyán sobre las obligaciones de derechos humanos que incumben a los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación, y recomienda que se pongan en práctica plenamente.

La Relatora Especial recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a proporcionar una educación pública, gratuita y de calidad. En función de su naturaleza y sus objetivos, las entidades del sector privado pueden contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la educación y ofrecer alternativas educativas, de modo que, por ejemplo, promuevan el respeto de la diversidad cultural. Sin embargo, la escasez persistente de financiación de la educación pública y el aumento rápido y no regulado de las entidades del sector privado, en particular entidades comerciales, en el ámbito de la educación, amenazan el ejercicio efectivo del derecho a la educación para todos y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

El informe contiene observaciones y recomendaciones sobre la obligación de los Estados de financiar y proporcionar educación pública y ofrece algunas propuestas y soluciones concretas. El informe se basa en los Principios de Abiyán, en particular con respecto a la obligación de regular las entidades del sector privado que intervienen en el ámbito de la educación, las alianzas público-privadas y el papel de los donantes y la sociedad civil.

 

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En este informe, la Relatora Especial examina el ejercicio efectivo del derecho a la educación y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en el contexto del aumento de las entidades del sector privado en el ámbito de la educación. La Relatora Especial presenta las Naciones Unidas los Principios de Abiyán sobre las obligaciones de derechos humanos que incumben a los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación, y recomienda que se pongan en práctica plenamente. La Relatora Especial recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a proporcionar una educación pública, gratuita y de calidad. En función de su naturaleza y sus objetivos, las entidades del sector privado pueden contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la educación y ofrecer alternativas educativas, de modo que, por ejemplo, promuevan el respeto de la diversidad cultural.

Sin embargo, la escasez persistente de financiación de la educación pública y el aumento rápido y no regulado de las entidades del sector privado, en particular entidades comerciales, en el ámbito de la educación, amenazan el ejercicio efectivo del derecho a la educación para todos y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

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Las iniciativas que buscan garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos han generado peticiones para una mayor involucramiento del sector privado, afirmando que las empresas y las fundaciones pueden jugar un papel importante como socios para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). 

En los últimos años, debido a la falta de financiamiento público y a la necesidad de respuestas urgentes, ha crecido la participación del sector privado en diversos aspectos de la programación educativa para la educación en situaciones de emergencia (EeE). Esta forma de trabajar, sin embargo, puede causar tensiones entre la participación del sector privado y la respuesta humanitaria en materia de educación. Es necesario resolver estas tensiones, lo cual requiere una mayor coordinación, abogacía y atención. Este informe explora algunas de estas tensiones y ofrece recomendaciones para apoyar la priorización de una educación pública segura, equitativa y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes afectados por crisis.

La INEE apoya el derecho que tienen todas las personas jóvenes a la educación y reconoce al Estado como el principal responsable de la escolarización, en línea con declaraciones, marcos e instrumentos legales internacionales que reconocen y protegen el derecho a la educación (véase el recuadro sobre los instrumentos legales que protegen el derecho a la educación).

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