La comunidad humanitaria está cada vez más consciente de la crisis del desplazamiento interno que afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Aunque la responsabilidad de la protección de las personas internamente desplazadas incumbe primordialmente a los gobiernos nacionales y a las autoridades locales, conviene que la comunidad internacional examine la mejor manera de contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de conflicto y de crisis. Debemos también concebir una asistencia humanitaria que promueva la protección de las personas internamente desplazadas.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas se han adoptado medidas importantes para atender a tiempo y con eficacia a las necesidades de las personas internamente desplazadas. El Comité Permanente entre Organismos me ha encomendado la responsabilidad de actuar como centro de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con respecto a las cuestiones relacionadas con los internamente desplazados. En el desempeño de este mandato, me he comprometido a mejorar la capacidad de las Naciones Unidas en conjunto para responder a las situaciones de desplazamiento interno y a promover una firme coordinación y una división más clara de las responsabilidades institucionales así como a prestar el apoyo adecuado a los organismos operacionales.

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El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. Está dedicado a la financiación nacional de la educación básica. Se detallan las obligaciones de derechos humanos sobre la financiación de la educación y se proporcionan ejemplos prácticos de marcos jurídicos nacionales que garantizan la financiación nacional. El informe contiene también una actualización de la situación de la educación en situaciones de emergencia, de conformidad con la resolución 64/290 de la Asamblea General. El Relator Especial destaca que la atención que se presta y la financiación que se dedica a la educación en situaciones de emergencia siguen siendo insuficientes e inadecuadas y pide que se realicen más inversiones en actividades de prevención y para ofrecer una mejor protección a la educación durante conflictos armados.

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Colombia está ante la histórica oportunidad de dejar atrás un conflicto que ha afectado directamente a su población por décadas. Los acuerdos finales entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP permitirán la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, la firma y refrendación del acuerdo de paz con las FARC-EP, de capital importancia, deben entenderse como el inicio del verdadero proceso para lograr la paz.

El Estado colombiano tendrá la obligación de establecer una presencia sobre los territorios más alejados y abandonados, de una forma positiva que genere confianza, cambios reales y oportunidades para los territorios rurales afectados por el conflicto. Dudar o fallar en ésta labor podría perpetuar el periodo de violencia y frustración.

La inequidad en Colombia tiene un fuerte sesgo rural. Los índices de pobreza y marginalidad, ausencia de servicios públicos y falta de acceso a una educación pertinente y de calidad, son excepcionales en estas regiones. Según el último censo nacional, el 45,6% de las personas residentes en el área rural dispersa vive en condiciones de pobreza multidimensional, porcentaje que incrementa al 63,8% cuando se hace referencia a la condición de pobreza de grupos étnicos y poblaciones desplazadas por el conflicto armado.

Adicionalmente, éstas mismas zonas rurales son históricamente las más afectadas por la presencia de actores armados y la violencia. Según un estudio de 2012, el 57% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reclutados y vinculados por grupos armados procede de familias muy pobres que tienen severas restricciones en el consumo de alimentos y que se han desplazado como media 4,5 veces por violencia. La falta de educación, de oportunidades laborales y la condición de pobreza, se transformó en la receta perfecta para perpetuar el conflicto armado durante cinco décadas en el país.

La debilidad institucional y el conflicto confluyen en la precaria situación de la educación rural en materia de acceso, permanencia y calidad. Más de un 20% de los niños y adolescentes rurales entre 5 y 16 años no va a la escuela, porcentaje que se incrementa al 73,7% entre los 17 y 24 años. La mitad de los niños, adolescentes y jóvenes rurales no llega a superar el quinto grado.

Estos jóvenes tienen menos oportunidades de acceso al sistema escolar y no existen soluciones de fondo a los retos de calidad, permanencia y deserción. La falta de continuidad de la oferta educativa, el desplazamiento forzado, la pobreza y los problemas económicos, el coste de uniformes y útiles escolares, el transporte y la necesidad de trabajar son los principales problemas.

Este documento enumera los instrumentos internacionales que protegen el derecho a la educación en situaciones de emergencia.

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Key resource

En el presente informe, la Relatora Especial examina la forma en que el derecho a la educación contribuye a la prevención de crímenes atroces y violaciones masivas o graves de los derechos humanos. Destacando que la educación desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la prevención, la Relatora Especial subraya el potencial preventivo particularmente contundente del derecho a la educación en las etapas tempranas, antes de que se hagan evidentes las señales de alerta. Ese papel debe vincularse con los propósitos de la educación y el derecho a una educación inclusiva y equitativa de calidad establecidos en los instrumentos internacionales.

La Relatora Especial, destacando las circunstancias en que las escuelas pueden convertirse en instrumentos de división y sentar las bases para el estallido de futuros conflictos violentos, presta especial atención a una serie de medidas relativas a la organización de los sistemas escolares, la pedagogía y los valores y conocimientos que se deben transmitir a los alumnos y que son cruciales desde el punto de vista de la prevención. Propone un marco educativo (conocido en inglés como “marco ABCDE”) que abarca los aspectos interrelacionados de la educación que es necesario promover para aprovechar al máximo el potencial preventivo del derecho a la educación.

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