La Primera Observación General del Comité de Derechos del Niño interpreta el Artículo 29 (1) de la Convención sobre los Derechos del Niño que define los propósitos de la educación.

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El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos y con el informe inicial del Relator Especial (A/HRC/17/29 y Corr.1) en el que el Relator Especial consideró que el establecimiento de normas y principios para una educación de calidad era uno de los temas que debía ser examinado durante su mandato. En el presente informe se examinan las normas y principios nacionales e internacionales, así como las políticas relativas a la calidad en la educación. El Relator Especial destaca la necesidad de promover la adopción de normas en el plano nacional en que se establezca el derecho a una educación de calidad, congruentes con el marco jurídico internacional de los derechos humanos y las iniciativas pertinentes adoptadas en los planos nacional, regional e internacional. El Relator Especial concluye haciendo recomendaciones encaminadas a promover la educación de calidad.

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Este documento enumera los instrumentos internacionales que se refieren a la educación de calidad con sus disposiciones pertinentes.

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Con el objetivo de facilitar la participación activa de padres, niños y niñas, profesores y profesoras, sindicatos, comunidades y organizaciones locales de la sociedad civil en el seguimiento colectivo y la mejora de la calidad de la educación pública, Promoviendo los Derechos en las Escuelas o PRS  por sus siglas en inglés (Promoting Rights in Schools) ofrece un conjunto de herramientas prácticas que pueden ser utilizadas como base para la movilización, abogacía, incidencia y campañas. El paquete proporciona cuatro recursos claves:
 
1) Una carta estatutaria de 10 derechos que, cuando se hayan cumplido, permitirán a todos los niños y niñas completar una educación de buena calidad;
 
2) Una metodología participativa para aprender a: usar la carta estatutaria; recopilar, analizar y usardatos; y consolidar la información de los “informes ciudadanos” que pueden ser utilizados para el desarrollo de planes de acción o para animar los debates y las revisiones a nivel local, distrital y nacional;
 
3) Una serie de indicadores de educación, basados en los derechos humanos y organizados en un formato de encuesta para que los usuarios puedan recoger información de una manera sistemática;
 
4) Una recopilación de referencias claves internacionales de derechos humanos que proporcionan los fundamentos y la legitimidad de la carta estatutaria y de los informes.
 
PRS Promoviendo los Derechos en las Escuelas se basa en la educación y los marcos de derechos humanos para describir una escuela ideal que ofrezca una educación de calidad. Su metodología es compatible con los vínculos entre el programa de trabajo a nivel de la escuela,  las actividades de promoción y los esfuerzos políticos en foros nacionales e internacionales. El proceso es tan importante como el resultado: es sólo a través de la participación de todos los interesados y las interesadas ​​en el proceso - desde el desarrollo de la carta estatutaria, como la recogida de datos, su posterior análisis y elconsiguiente debate de las conclusiones – como se promueve una mayor conciencia de lo que hay que cambiar y de cómo hacerlo.

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En este informe, el Relator Especial examina las alianzas público-privadas relativas a la educación, que están ligadas indisolublemente al rápido avance de la privatización. Pone de relieve sus repercusiones en el derecho a la educación y los principios de justicia social y equidad. Por último, formula una serie de recomendaciones con miras a elaborar un marco normativo eficaz y unas estrategias de ejecución de las alianzas público-privadas en el ámbito de la educación, en cumplimiento de las obligaciones de los Estados relativas al derecho a la educación, conforme a lo establecido en las convenciones y convenios internacionales de derechos humanos, y la necesidad de salvaguardar la educación como un bien público.

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El informe examina problemas y desafíos relacionados con el derecho a la educación en la era digital, haciendo especial hincapié en la educación superior. Examina cómo deben respetarse las normas y principios que sustentan el derecho a la educación aprovechando al mismo tiempo las tecnologías digitales. El informe concluye con recomendaciones para garantizar que la utilización de la tecnología digital en la educación esté en consonancia con las obligaciones de los Estados con respecto al derecho a la educación.
 
 
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En el presente informe, la Relatora Especial examina el papel que representan la equidad y la inclusión en el fortalecimiento del derecho a la educación, en particular en el contexto del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Relatora Especial concluye pidiendo a los Estados que adopten medidas positivas importantes para hacer frente a la discriminación, la inequidad y la exclusión en la educación a fin de asegurar que se logran los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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En este informe, la Relatora Especial examina el ejercicio efectivo del derecho a la educación y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en el contexto del aumento de las entidades del sector privado en el ámbito de la educación. La Relatora Especial presenta las Naciones Unidas los Principios de Abiyán sobre las obligaciones de derechos humanos que incumben a los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación, y recomienda que se pongan en práctica plenamente. La Relatora Especial recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a proporcionar una educación pública, gratuita y de calidad. En función de su naturaleza y sus objetivos, las entidades del sector privado pueden contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la educación y ofrecer alternativas educativas, de modo que, por ejemplo, promuevan el respeto de la diversidad cultural.

Sin embargo, la escasez persistente de financiación de la educación pública y el aumento rápido y no regulado de las entidades del sector privado, en particular entidades comerciales, en el ámbito de la educación, amenazan el ejercicio efectivo del derecho a la educación para todos y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

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En el presente informe, la Relatora Especial examina la forma en que el derecho a la educación contribuye a la prevención de crímenes atroces y violaciones masivas o graves de los derechos humanos. Destacando que la educación desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la prevención, la Relatora Especial subraya el potencial preventivo particularmente contundente del derecho a la educación en las etapas tempranas, antes de que se hagan evidentes las señales de alerta. Ese papel debe vincularse con los propósitos de la educación y el derecho a una educación inclusiva y equitativa de calidad establecidos en los instrumentos internacionales.

La Relatora Especial, destacando las circunstancias en que las escuelas pueden convertirse en instrumentos de división y sentar las bases para el estallido de futuros conflictos violentos, presta especial atención a una serie de medidas relativas a la organización de los sistemas escolares, la pedagogía y los valores y conocimientos que se deben transmitir a los alumnos y que son cruciales desde el punto de vista de la prevención. Propone un marco educativo (conocido en inglés como “marco ABCDE”) que abarca los aspectos interrelacionados de la educación que es necesario promover para aprovechar al máximo el potencial preventivo del derecho a la educación.

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