Colombia está ante la histórica oportunidad de dejar atrás un conflicto que ha afectado directamente a su población por décadas. Los acuerdos finales entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP permitirán la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, la firma y refrendación del acuerdo de paz con las FARC-EP, de capital importancia, deben entenderse como el inicio del verdadero proceso para lograr la paz.

El Estado colombiano tendrá la obligación de establecer una presencia sobre los territorios más alejados y abandonados, de una forma positiva que genere confianza, cambios reales y oportunidades para los territorios rurales afectados por el conflicto. Dudar o fallar en ésta labor podría perpetuar el periodo de violencia y frustración.

La inequidad en Colombia tiene un fuerte sesgo rural. Los índices de pobreza y marginalidad, ausencia de servicios públicos y falta de acceso a una educación pertinente y de calidad, son excepcionales en estas regiones. Según el último censo nacional, el 45,6% de las personas residentes en el área rural dispersa vive en condiciones de pobreza multidimensional, porcentaje que incrementa al 63,8% cuando se hace referencia a la condición de pobreza de grupos étnicos y poblaciones desplazadas por el conflicto armado.

Adicionalmente, éstas mismas zonas rurales son históricamente las más afectadas por la presencia de actores armados y la violencia. Según un estudio de 2012, el 57% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reclutados y vinculados por grupos armados procede de familias muy pobres que tienen severas restricciones en el consumo de alimentos y que se han desplazado como media 4,5 veces por violencia. La falta de educación, de oportunidades laborales y la condición de pobreza, se transformó en la receta perfecta para perpetuar el conflicto armado durante cinco décadas en el país.

La debilidad institucional y el conflicto confluyen en la precaria situación de la educación rural en materia de acceso, permanencia y calidad. Más de un 20% de los niños y adolescentes rurales entre 5 y 16 años no va a la escuela, porcentaje que se incrementa al 73,7% entre los 17 y 24 años. La mitad de los niños, adolescentes y jóvenes rurales no llega a superar el quinto grado.

Estos jóvenes tienen menos oportunidades de acceso al sistema escolar y no existen soluciones de fondo a los retos de calidad, permanencia y deserción. La falta de continuidad de la oferta educativa, el desplazamiento forzado, la pobreza y los problemas económicos, el coste de uniformes y útiles escolares, el transporte y la necesidad de trabajar son los principales problemas.

At the end of 2019, at least 13.4 million school-age children (5-17 years old) were internally displaced due to conflict or violence. These numbers are likely an underestimate with many internally displaced children unaccounted for due to lack of data. The periods of internal displacement are becoming longer, with years becoming decades and internally displaced children spending the majority of their school-years displaced. The majority of these children do not have access to quality, safe and inclusive education due to discrimination, financial, legal, and insecurity barriers.

The five country case studies (Afghanistan, Colombia, Somalia, Syria Ukraine) in this report demonstrate that adopting legal and policy frameworks is not enough to uphold the right to education for internally displaced children. Challenges to implementing these policies are linked to institutional, financial, political, and cultural factors.