En octubre de 2024, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, presentó su informe sobre la IA en la educación, haciendo hincapié en un enfoque basado en los derechos humanos para su regulación. Mostró el potencial de la IA para avanzar en el acceso a la educación, en particular para las personas con discapacidad y las comunidades remotas, al tiempo que advirtió de sus riesgos, como socavar la conexión humana, aumentar las brechas digitales y excluir a los grupos minoritarios. El informe reclama marcos jurídicos y políticos, la participación de todas las partes interesadas y la formación de educadores y estudiantes para garantizar un uso responsable de la IA. Subraya que la IA no debe sustituir a los profesores y advierte contra la comercialización de la educación, instando a los Estados a integrar la IA de forma responsable en los sistemas educativos. Subraya la necesidad de colaboración internacional, de directrices éticas y de abordar los sesgos algorítmicos para alinear la IA con el objetivo de una educación equitativa y de calidad para todos.