El papel de los actores no estatales se extiende desde la impartición de enseñanza escolar hasta las intervenciones en varios niveles de educación y esferas de influencia. A la par de su examen de los progresos realizados en la consecución del ODS 4, comprendidos los nuevos datos sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19, el Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2021-2022 insta a los Gobiernos a considerar todas las instituciones, los alumnos y los docentes como parte de un sistema único. Las normas, la información, los incentivos y la rendición de cuentas deberían ayudar a los Gobiernos a proteger, respetar y hacer efectivo el derecho a la educación de todos, sin dejar de prestar atención a los privilegios o la explotación. La educación financiada con fondos públicos no tiene por qué ser impartida únicamente por el sector público, pero hay que atender la disparidad en los procesos educativos, los resultados de los alumnos y las condiciones de trabajo de los docentes. Lejos de ser secretos comerciales, la eficiencia y la innovación deberían difundirse y ser practicadas por todos. A tales efectos, es necesario mantener la transparencia y la integridad en el proceso de las políticas de educación pública a fin de cerrar el paso a los intereses creados.
El llamamiento arengador del informe -¿Quién elige? ¿Quién pierde?- invita a los encargados de la formulación de políticas a cuestionar las relaciones con los actores no estatales en cuanto a las opciones fundamentales: entre la equidad y la libertad de elección; entre el fomento de la iniciativa y el establecimiento de normas; entre grupos de diferentes recursos y necesidades; entre los compromisos inmediatos en el marco del ODS 4 y los que deben cumplirse paulatinamente (por ejemplo, la educación postsecundaria); y entre la educación y otros sectores sociales.