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En este informe, el Relator Especial observa con preocupación el rápido aumento del número de proveedores de enseñanza privados y la resultante comercialización de la educación, y examina los efectos negativos de este fenómeno en las normas y los principios que subyacen al marco jurídico del derecho a la educación, establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. El Relator Especial pone de relieve las repercusiones de la privatización en los principios de justicia social y equidad y analiza leyes de educación, así como la evolución de la jurisprudencia en lo referente a la privatización de la educación.
 
Por último, formula una serie de recomendaciones sobre la elaboración de marcos reguladores eficaces para controlar a los proveedores de enseñanza privados y salvaguardar la educación como un bien público.
 
 
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En este informe, el Relator Especial examina las alianzas público-privadas relativas a la educación, que están ligadas indisolublemente al rápido avance de la privatización. Pone de relieve sus repercusiones en el derecho a la educación y los principios de justicia social y equidad. Por último, formula una serie de recomendaciones con miras a elaborar un marco normativo eficaz y unas estrategias de ejecución de las alianzas público-privadas en el ámbito de la educación, en cumplimiento de las obligaciones de los Estados relativas al derecho a la educación, conforme a lo establecido en las convenciones y convenios internacionales de derechos humanos, y la necesidad de salvaguardar la educación como un bien público.

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En la Cumbre Mundial de Educación, 37 OSC piden a los líderes mundiales de la educación que utilicen el financiamiento de miles de millones de dólares para apoyar la educación pública

 

Declaración conjunta, 27 de julio de 2021

En el marco de las reuniones de Ministros y Ministras de educación y otras partes interesadas en la Cumbre Mundial de Educación del 28 al 29 de julio de 2021, 37 OSC solicitan a los gobiernos que asuman compromisos de financiamiento robustos para la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas en inglés) e instan a la GPE a utilizar el dinero recaudado durante la cumbre para la educación pública y gratuita, y para garantizar que no se utilice ningún financiamiento para apoyar a los actores comerciales, de acuerdo con los requisitos de derechos humanos.

La GPE es el principal organismo de financiación multilateral dedicado exclusivamente a transformar la educación en los países de bajos ingresos. Desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de los sistemas educativos de decenas de países. Las y los líderes mundiales en educación se reunirán en la Cumbre Mundial de Educación con el objetivo de recaudar al menos 5 mil millones de dólares estadounidenses para el periodo 2021-2025, con el fin de financiar los planes educativos de los países en desarrollo.

 

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La educación pública a menudo es criticada por ser ineficaz e ineficiente. Sin embargo, cuando se identifican las deficiencias en la educación pública, muy frecuentemente ellas no pueden ser atribuidas a la falta de capacidad, sino a la falta de voluntad política. Al revisar siete ejemplos de educación pública en países en desarrollo, esta investigación muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación publica puede ser un abordaje mas eficaz, eficiente y transformador de la educación y - lo mas importante -, que es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas partes del mundo.

ENGLISH   FRANÇAIS

En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas. Para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados.