En la Cumbre Mundial de Educación, 37 OSC piden a los líderes mundiales de la educación que utilicen el financiamiento de miles de millones de dólares para apoyar la educación pública

 

Declaración conjunta, 27 de julio de 2021

En el marco de las reuniones de Ministros y Ministras de educación y otras partes interesadas en la Cumbre Mundial de Educación del 28 al 29 de julio de 2021, 37 OSC solicitan a los gobiernos que asuman compromisos de financiamiento robustos para la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas en inglés) e instan a la GPE a utilizar el dinero recaudado durante la cumbre para la educación pública y gratuita, y para garantizar que no se utilice ningún financiamiento para apoyar a los actores comerciales, de acuerdo con los requisitos de derechos humanos.

La GPE es el principal organismo de financiación multilateral dedicado exclusivamente a transformar la educación en los países de bajos ingresos. Desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de los sistemas educativos de decenas de países. Las y los líderes mundiales en educación se reunirán en la Cumbre Mundial de Educación con el objetivo de recaudar al menos 5 mil millones de dólares estadounidenses para el periodo 2021-2025, con el fin de financiar los planes educativos de los países en desarrollo.

 

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La educación pública a menudo es criticada por ser ineficaz e ineficiente. Sin embargo, cuando se identifican las deficiencias en la educación pública, muy frecuentemente ellas no pueden ser atribuidas a la falta de capacidad, sino a la falta de voluntad política. Al revisar siete ejemplos de educación pública en países en desarrollo, esta investigación muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación publica puede ser un abordaje mas eficaz, eficiente y transformador de la educación y - lo mas importante -, que es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas partes del mundo.

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En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas. Para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados. 

La emergencia climática, el aumento de las desigualdades y la pandemia del COVID-19 han reafirmado los fallos y las limitaciones del actual modelo neoliberal para responder a las crisis y garantizar una vida digna para todos. Es necesaria una transformación en la organización de nuestra economía para afrontar los retos que el mundo tiene actualmente y crear sociedades justas, inclusivas, socialmente justas, equitativas y sostenibles.

Con este fin, actores de una amplia gama de movimientos, sectores y regiones se han movilizado en los últimos años para reclamar y reconstruir los servicios públicos como base de una economía justa y equitativa que funcione para todos. Los hitos clave han sido la primera conferencia mundial "El futuro es público", celebrada en Ámsterdam en 2019, que reunió a más de 400 participantes para debatir estrategias para devolver lo "público" a los servicios públicos y construir la propiedad pública democrática de la economía, y el lanzamiento del Manifiesto Global de la Sociedad Civil sobre los Servicios Públicos en octubre de 2021, firmado por más de 200 organizaciones.

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil representantes de más de cien países, de movimientos de base, organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, movimientos feministas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile, y de forma virtual, para debatir el papel crítico de los servicios públicos para nuestro futuro. 

Después de la reunión, la Declaración de Santiago para los Servicios Públicos fue redactada por un grupo de redacción que representó a todos los sectores, con base en las notas y discusiones llevadas a cabo durante los cuatro días.

Nos encontramos en una coyuntura crítica. En un momento en que el mundo se enfrenta a una serie de crisis, desde la emergencia medioambiental hasta el hambre y la profundización de las desigualdades, pasando por el aumento de los conflictos armados, las pandemias, el aumento del extremismo y la escalada de la inflación, está gestándose una respuesta colectiva. Se está creando un gran movimiento y están surgiendo soluciones concretas para contrarrestar el paradigma dominante de crecimiento, privatización y mercantilización.  

Cientos de organizaciones de los sectores de la justicia socioeconómica y los servicios públicos, desde la educación y la salud hasta los cuidados, la energía, la alimentación, la vivienda, el agua, el transporte y la protección social, se están uniendo para hacer frente a los efectos nocivos de la comercialización de los servicios públicos, reclamar el control público democrático de los mismos y volver a imaginar una economía verdaderamente igualitaria y orientada a los derechos humanos que funcione para las personas y el planeta.

Exigimos el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, equitativos y transformadores de las relaciones desiguales de género como base de una sociedad justa y equitativa.

Nuestro futuro es público

Únete a nuestro llamamiento en favor del acceso universal a unos servicios públicos de calidad, equitativos y transformadores de las relaciones desiguales de género como base de una sociedad justa y equitativa.

 

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Este informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, se presenta con ocasión del 25º aniversario del establecimiento del mandato sobre el derecho a la educación. En su informe, la Relatora Especial examina los logros realizados en este ámbito, cómo se entiende el derecho a la educación y las obligaciones que conlleva, así como cuestiones tanto contemporáneas como emergentes que deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a la educación para todos, hoy y en el futuro.

 

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