Campaña Latinoamericana y IIPE-UNESCO lanzan estudio sobre "Las Leyes Generales de Educación en América Latina - El derecho como proyecto político".
La investigación analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho.
Este trabajo se basa en el informe N° 02-20, La regulación constitucional del derecho a la educación: recopilación de experiencias comparadas. Su objetivo es sintetizar, a partir de dicha información, los ordenamientos constitucionales estudiados e identificar las diversas tendencias regulatorias a nivel internacional. De esta forma, se pretende aportar a la discusión constitucional sobre la mejor forma de consagrar el derecho a la educación en una nueva constitución política.
Este documento ofrece una visión concisa y útil del derecho a la educación, en particular en el contexto del actual debate constitucional en Chile.
En este informe, presentado en cumplimiento de las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación examina las dimensiones culturales del derecho a la educación, que son cruciales para lograr la plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad, como preconiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En su análisis, la Relatora Especial señala, a partir de numerosas experiencias nacionales, elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales de todos en la educación, a saber: a) La valoración de los recursos culturales presentes; c) La descentralización en favor de los actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje; d) Los métodos de observación participativa y sistémica; e) El respeto de las libertades en el ámbito de la educación, en particular. La Relatora Especial hace un llamamiento para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo, es decir, como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en las prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.
La originalidad de este enfoque radica en considerar la vida educativa como una relación viva entre los actores (alumnos, educadores, organizaciones y otros actores asociados) y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes, portadores “de identidad, de valores y sentido”, sin los cuales los actores no pueden hacer nada.
En un mundo que se enfrenta a la fragmentación social, a las desigualdades perjudiciales y al deterioro del medio ambiente, necesitamos ahora, más que nunca, una educación pública de calidad, transformadora e integradora. Mientras nuestros sistemas políticos luchan por resistir a la autocracia y fomentar la democracia, la educación pública y gratuita puede ayudar a crear un público bien informado con capacidad para abordar estos retos mundiales.
El público apoya a la educación pública, y la educación pública funciona.
Firmen la declaración (como individuo o como organización) y únase a nosotras y nosotros en el proceso de incidencia política hacia los Estados para desarrollar todo el potencial de la educación pública. ¡Nuestro futuro depende de ello!