Campaña Latinoamericana y IIPE-UNESCO lanzan estudio sobre "Las Leyes Generales de Educación en América Latina - El derecho como proyecto político".

La investigación analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho.

Resolución del Consejo de derechos humanos A/HRC/35/L.2 sobre el derecho a la educación adoptada el 22 de junio 2017 a la 35o sesión.

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Este trabajo se basa en el informe N° 02-20, La regulación constitucional del derecho a la educación: recopilación de experiencias comparadas. Su objetivo es sintetizar, a partir de dicha información, los ordenamientos constitucionales estudiados e identificar las diversas tendencias regulatorias a nivel internacional. De esta forma, se pretende aportar a la discusión constitucional sobre la mejor forma de consagrar el derecho a la educación en una nueva constitución política.

Este documento ofrece una visión concisa y útil del derecho a la educación, en particular en el contexto del actual debate constitucional en Chile. 

En este informe, presentado en cumplimiento de las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación examina las dimensiones culturales del derecho a la educación, que son cruciales para lograr la plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad, como preconiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En su análisis, la Relatora Especial señala, a partir de numerosas experiencias nacionales, elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales de todos en la educación, a saber: a) La valoración de los recursos culturales presentes; c) La descentralización en favor de los actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje; d) Los métodos de observación participativa y sistémica; e) El respeto de las libertades en el ámbito de la educación, en particular. La Relatora Especial hace un llamamiento para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo, es decir, como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en las prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.

La originalidad de este enfoque radica en considerar la vida educativa como una relación viva entre los actores (alumnos, educadores, organizaciones y otros actores asociados) y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes, portadores “de identidad, de valores y sentido”, sin los cuales los actores no pueden hacer nada.