En este informe, el Relator Especial arroja luz sobre la visión y el concepto del aprendizaje permanente, y destaca el nacimiento del “derecho al aprendizaje” como derecho social estrechamente relacionado con el derecho a la educación y la formación. Asimismo, examina la responsabilidad del Estado y de otros interlocutores sociales con respecto al goce efectivo de este derecho, y subraya la importancia primordial que se otorga al aprendizaje permanente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Relator Especial examina también el papel especial que desempeña la educación y formación técnica y profesional en el desarrollo de aptitudes, y analiza las cuestiones relacionadas con la financiación del aprendizaje permanente.
Por último, el Relator Especial ofrece una serie de recomendaciones con miras a promover el aprendizaje como derecho y su búsqueda desde la perspectiva del aprendizaje permanente, en consonancia con las obligaciones del Estado en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
