El anuncio del Ministerio de Educación de Liberia a comienzos de año de su intención de subcontratar la gestión de todas sus escuelas preescolares y primarias a proveedores privados ha desatado intensas discusiones sobre las asociaciones público-privadas en educación (ePPP, por sus siglas en inglés, entendidas aq
La implementación por Pakistán de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó en 1990, fue revisada recientemente por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
La asociación público-privada (PPP, por sus siglas en inglés) es un término general que se refiere al acuerdo entre un gobierno y uno o más actores privados para proveer un servicio, en este caso la educación. Este acuerdo normalmente se formaliza mediante un contrato que especifica la naturaleza del servicio, la duración de la prestación y los riesgos y el costo que cada parte asumirá, entre otras cuestiones.
La participación de los actores no estatales en la educación ha aumentado en muchas partes del mundo durante las últimas tres décadas, y la educación privada está siendo promovida y explorada por algunos actores implicados en la educación como una solución a la falta de provisión pública suficiente de educación o escuelas públicas de bajo rendimiento.
Este llamamiento, hecho por organizaciones de la sociedad civil francófona, incluída la Iniciativa por el Derecho a la Educación, quiere alertar y sensibilizar a todos los actores de la educación de los peligros inherentes del proceso de mercantilización de la educación, que provoca injusticia social y pone en peligro a nuestras sociedad.
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, un réseau d’organisations francophones de la société civile, dont le Right to Education Initiative s’est mobilisé contre la marchandisation de l’éducation, le 15 mars 2016, au siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Ceci est le rapport de cette journée de conférence.
El Relator Especial sobre el derecho a la educación elaboró el presente informe de conformidad con la resolución del Consejo de Derechos Humanos 26/17. En él, el Relator Especial examina el derecho a la educación en la era digital y, específicamente, la manera de defender las normas y principios que sustentan el derecho a la educación, aprovechando al mismo tiempo las tecnologías digitales, que están revolucionando los procesos de enseñanza y aprendizaje y transformando el panorama de la educación superior.
This guide has been developed to provide practical advice on conducting research in order to support human rights advocacy on privatisation in education, using regional and international mechanisms (focusing on UN treaty bodies). It draws on the experiences of the Right to Education Initiative and the Global Initiative on Economic, Social and Cultural Rights in engaging in similar work in various countries over the last few years.
Parallel Report submitted by the National Campaign for Education-Nepal, the Nepal National Teachers Association (NNTA), the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, and other partners, including the Right to Education Project, on the occasion of the examination of the report of Nepal during the 72nd session of the UN Committee on the Rights of the Child.
El 11 de abril de 2016, la Iniciativa por el Derecho a la Educación presentó la Guía de Monitoreo del Derecho a la Educación (“Guía”) y la Herramienta de Selección de Indicadores del Derecho a la Educación (“Herramienta”) en Instituto de Educación UCL en Londres.