This report assesses the PPP policy in education in Uganda and its compliance with the human rights standards as well as the right to education for all children. In addition, the report examines issues of regulation and supervision of PPP schools, equitable geographical access to education, access by vulnerable groups, financing and costeffectiveness, as well as quality of education and value for money.
This report assesses the PPP policy in education in Uganda and its compliance with the human rights standards as well as the right to education for all children. In addition, the report examines issues of regulation and supervision of PPP schools, equitable geographical access to education, access by vulnerable groups, financing and costeffectiveness, as well as quality of education and value for money.
Human Rights Council Resolution A/HRC/32/L.33 adopted during the 32nd Session on the right to education. This resolution urges States to give full effect to the right to education, including by taking measures including the regulation of non-State actor providers of education:
El anuncio del Ministerio de Educación de Liberia a comienzos de año de su intención de subcontratar la gestión de todas sus escuelas preescolares y primarias a proveedores privados ha desatado intensas discusiones sobre las asociaciones público-privadas en educación (ePPP, por sus siglas en inglés, entendidas aq
La implementación por Pakistán de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó en 1990, fue revisada recientemente por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
La asociación público-privada (PPP, por sus siglas en inglés) es un término general que se refiere al acuerdo entre un gobierno y uno o más actores privados para proveer un servicio, en este caso la educación. Este acuerdo normalmente se formaliza mediante un contrato que especifica la naturaleza del servicio, la duración de la prestación y los riesgos y el costo que cada parte asumirá, entre otras cuestiones.
La participación de los actores no estatales en la educación ha aumentado en muchas partes del mundo durante las últimas tres décadas, y la educación privada está siendo promovida y explorada por algunos actores implicados en la educación como una solución a la falta de provisión pública suficiente de educación o escuelas públicas de bajo rendimiento.
Este llamamiento, hecho por organizaciones de la sociedad civil francófona, incluída la Iniciativa por el Derecho a la Educación, quiere alertar y sensibilizar a todos los actores de la educación de los peligros inherentes del proceso de mercantilización de la educación, que provoca injusticia social y pone en peligro a nuestras sociedad.
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, un réseau d’organisations francophones de la société civile, dont le Right to Education Initiative s’est mobilisé contre la marchandisation de l’éducation, le 15 mars 2016, au siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Ceci est le rapport de cette journée de conférence.
El Relator Especial sobre el derecho a la educación elaboró el presente informe de conformidad con la resolución del Consejo de Derechos Humanos 26/17. En él, el Relator Especial examina el derecho a la educación en la era digital y, específicamente, la manera de defender las normas y principios que sustentan el derecho a la educación, aprovechando al mismo tiempo las tecnologías digitales, que están revolucionando los procesos de enseñanza y aprendizaje y transformando el panorama de la educación superior.