Los datos son necesarios para la realización de los derechos humanos. Sin ellos no podemos entender la situación prevalente de los derechos humanos, no podemos tomar decisiones informadas sobre políticas y no podemos evaluar la efectividad de esas decisiones sobre políticas.
La posición plantea una serie de principios y recomendaciones que los Estados deberían seguir a la hora de recopilar, analizar y utilizar los datos para la toma de decisiones públicas. También proporciona una visión general de las cuestiones clave relacionadas con los datos (por ejemplo, la representatividad, la calidad, la privacidad, la transparencia...) que son fundamentales para el avance de los derechos económicos, sociales y culturales, y que es importante que los defensores de los derechos humanos conozcan. Esta versión final contiene un análisis más sólido sobre cuestiones de igualdad y no discriminación y de privacidad, especialmente a la luz de los impactos de la digitalización y la comercialización de datos sobre los DESC.
Esta posición colectiva es el resultado de un proceso que llevó dos años e involucró a más de 25 organizaciones, movimientos sociales y miembros individuales de la Red que trabajaron en la redacción e hicieron aportes al documento, como se indicó anteriormente.
En el presente informe, preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación aborda los riesgos y las oportunidades de la digitalización de la educación y sus repercusiones en el derecho a la educación.
La Relatora Especial pide que los debates relativos a la implantación de las tecnologías digitales en la educación se enmarquen en torno al derecho de toda persona a una educación pública, gratuita y de calidad y a los compromisos de los Estados a ese respecto, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
En concreto, la aplicación del derecho a la educación debe responder a las necesidades de todas las personas de acceder, dominar y utilizar la tecnología como un instrumento para el empoderamiento a fin de ser miembros activos de la sociedad. La digitalización de la educación debería orientarse hacia una mejor aplicación del derecho a la educación para todos, en los casos en que se demuestre que aporta un valor añadido considerable. En ese sentido, es importante comprender la agenda con fines de lucro de los grupos de presión a favor de las tecnologías digitales y de las empresas de ese sector. Por otro lado, la digitalización de la educación no debería aumentar las desigualdades y beneficiar únicamente a los segmentos ya privilegiados de las sociedades, ni dar lugar a conculcaciones de otros derechos humanos en el ámbito de la educación, en concreto del derecho a la privacidad.
En este informe, que se presenta a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, examina la atención y la educación de la primera infancia desde una perspectiva basada en los derechos humanos, lo que refleja las necesidades multisectoriales de los niños y de quienes los cuidan.
La atención y la educación de la primera infancia combinan las necesidades de educación y de atención de los menores de 8 años, concepto que demuestra que el derecho a la educación es indivisible de los derechos a la salud, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, así como de los derechos culturales, entre otros. Si bien se reconoce ampliamente la importancia de la atención y la educación de la primera infancia en los ámbitos humanitarios y de desarrollo, estas no están codificadas en el derecho de los derechos humanos. La Relatora Especial examina la atención y la educación de la primera infancia desde una perspectiva basada en los derechos humanos y recomienda que se redacte un instrumento de derechos humanos al respecto.
La emergencia climática, el aumento de las desigualdades y la pandemia del COVID-19 han reafirmado los fallos y las limitaciones del actual modelo neoliberal para responder a las crisis y garantizar una vida digna para todos. Es necesaria una transformación en la organización de nuestra economía para afrontar los retos que el mundo tiene actualmente y crear sociedades justas, inclusivas, socialmente justas, equitativas y sostenibles.
Con este fin, actores de una amplia gama de movimientos, sectores y regiones se han movilizado en los últimos años para reclamar y reconstruir los servicios públicos como base de una economía justa y equitativa que funcione para todos. Los hitos clave han sido la primera conferencia mundial "El futuro es público", celebrada en Ámsterdam en 2019, que reunió a más de 400 participantes para debatir estrategias para devolver lo "público" a los servicios públicos y construir la propiedad pública democrática de la economía, y el lanzamiento del Manifiesto Global de la Sociedad Civil sobre los Servicios Públicos en octubre de 2021, firmado por más de 200 organizaciones.
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil representantes de más de cien países, de movimientos de base, organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, movimientos feministas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile, y de forma virtual, para debatir el papel crítico de los servicios públicos para nuestro futuro.
Después de la reunión, la Declaración de Santiago para los Servicios Públicos fue redactada por un grupo de redacción que representó a todos los sectores, con base en las notas y discusiones llevadas a cabo durante los cuatro días.
Nos encontramos en una coyuntura crítica. En un momento en que el mundo se enfrenta a una serie de crisis, desde la emergencia medioambiental hasta el hambre y la profundización de las desigualdades, pasando por el aumento de los conflictos armados, las pandemias, el aumento del extremismo y la escalada de la inflación, está gestándose una respuesta colectiva. Se está creando un gran movimiento y están surgiendo soluciones concretas para contrarrestar el paradigma dominante de crecimiento, privatización y mercantilización.
Cientos de organizaciones de los sectores de la justicia socioeconómica y los servicios públicos, desde la educación y la salud hasta los cuidados, la energía, la alimentación, la vivienda, el agua, el transporte y la protección social, se están uniendo para hacer frente a los efectos nocivos de la comercialización de los servicios públicos, reclamar el control público democrático de los mismos y volver a imaginar una economía verdaderamente igualitaria y orientada a los derechos humanos que funcione para las personas y el planeta.
Exigimos el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, equitativos y transformadores de las relaciones desiguales de género como base de una sociedad justa y equitativa.
Nuestro futuro es público
Únete a nuestro llamamiento en favor del acceso universal a unos servicios públicos de calidad, equitativos y transformadores de las relaciones desiguales de género como base de una sociedad justa y equitativa.
En el presente informe se describen las principales actividades emprendidas por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, en el período examinado. En él, el Relator Especial hace hincapié en los problemas de derechos humanos que experimentan los migrantes en situación irregular y presenta un análisis de la manera en que la situación de irregularidad aumenta la vulnerabilidad ante las violaciones de los derechos humanos. Trata de la forma de abordar las situaciones de vulnerabilidad de los migrantes por no estar en una situación migratoria regular creando y fortaleciendo mecanismos de regularización.
Sobre la base de la información y de los análisis proporcionados por los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y otros interesados, el Relator Especial señala las prácticas prometedoras, las iniciativas en curso y los desafíos existentes y presenta una serie de recomendaciones tendentes a ampliar y diversificar los mecanismos y programas de regularización para mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes.