Esta Observación General 9 del Comité de los Derechos del Niño interpreta la Convención sobre los Derechos del Niño con respeto a los derechos del niño con discapacidad, incluso sus derechos a la educación. (Ver párrafos 62 a69)

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Este Informe fue presentado en el VI  Congreso Mundial  sobre Violencia en las Escuelas y Políticas

Públicas, en Lima, Perú,  en mayo de 2015.

La Declaración establece un marco universal de estándares mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. La Declaración establece un marco universal de estándares mínimos para la supervivencia, dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. La Declaración aborda, entre otras temáticas los derechos individuales y colectivos incluyendo aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma. La Declaración también condena la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les atañen. De igual manera, la declaración garantiza su derecho a la diferencia y al logro de sus propias prioridades en cuanto al desarrollo económico, social y cultural. La declaración estimula explícitamente las relaciones de cooperación entre los Estados y los Pueblos Indígenas.
Artículos 14, 15, 17 y 21 refieren a la educación.

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El objeto principal de este guía es proporcionar una herramienta practica para la implementación de los derechos indígenas a los Gobiernos,  Indígenas y Tribales, trabajadores y empleadores de organizaciones, basándose en la experiencia, buenas prácticas y lecciones aprendidas que fueron generados hasta ahora.

El capítulo 10 (paginas 128-136) concierne a la educación

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La Observación General 11, adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proporciona una interpretación y clarificación del artículo 14 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Las vidas de las mujeres se ven afectadas por una gran variedad de temas, tales como la frecuente falta de servicios básicos; la desigualdad formal y sustantiva; la falta de responsabilidad de los Estados, las empresas y otros actores globales; los estereotipos culturales discriminatorios; las creencias y el impacto de las prácticas nocivas, y el desarrollo de programas que no consideran los derechos y las experiencias de las mujeres y las diferencias entre ellas. Dentro de este contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( PIDESC ) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW) son los dos instrumentos fundamentales de derechos humanos que proporcionan un foro para exigir la realización de los humanos de las mujeres derechos

Esta guía , creada en conjunto con IWRAW - Asia Pacífico, ofrece una guía práctica para el uso tanto de la CEDAW y PIDESC , así como sus mecanismos de denuncia para exigir el reconocimiento y la ejecución de los DESC de las mujeres , incluido el derecho a la educación.

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La investigación presenta las formas contemporáneas de privatización en el campo educativo y los posibles impactos para la realización del derecho humano a la educación para todos y todas

Una película sobre el sistema educativo en Haití desde la perspectiva de los ciudadanos.

En Haití, alrededor del 50% de los niños y niñas en edad de escolarización obligatoria no están matriculados en la escuela (ONU, 2013). Las escuelas públicas constituyen solo 12% del número total de escuelas existentes, de acuerdo con el más reciente censo escolar (2011). La infraestructura escolar es pobre; esto se refleja en el hecho de que 76,8% de las escuelas primarias no tienen electricidad. En cuanto a la calidad de la educación, 79% de los docentes de primaria no han recibido ningún tipo de formación básica.

A pesar del compromiso legal de una serie de tratados internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho a la educación, Haití es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene una Ley General de Educación.

En enero de 2010, un terremoto mató a 300 000 personas y destruyó las casas de dos tercios de la población en la capital y las zonas cercanas. Para el sistema de educación, el impacto no fue menos dañino. Según datos oficiales, 1234 escuelas fueron destruidas y otras 2504 escuelas resultaron dañadas.

Cinco años después del terremoto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Reagrupación Educación Para Todas y Todos (REPT), in Haiti, presenta el documental Dignité: el derecho humano a la educación en Haití.

La película, en criollo y con subtítulos en diferentes idiomas, presenta un conjunto de testimonios de los haitianos sobre la educación en su país. Los estudiantes, maestros, directores y padres de familia, expertos, activistas, representantes del gobierno y representantes de organizaciones internacionales reflexionan sobre los retos y plantear propuestas para construir un sistema educativo que garantice el derecho a la educación.

 

Campaña Latinoamericana y IIPE-UNESCO lanzan estudio sobre "Las Leyes Generales de Educación en América Latina - El derecho como proyecto político".

La investigación analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho.

Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4, 17/3 y 26/17 del Consejo de Derechos Humanos. En él, el Relator Especial sobre el derecho a la educación examina la responsabilidad del Estado frente al crecimiento explosivo de los proveedores de enseñanza privados, desde la perspectiva del derecho a la educación. El relator Especial hace hincapié en la necesidad de mantener la educación como un bien público que no debe verse reducido a empresa comercial con fines de lucro y subraya la importancia de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades, así como la justicia social y la equidad. Los Estados deben desarrollar un marco regulatorio para todo los proveedores de enseñanza privada, que prevea sanciones para las prácticas abusivas. El Relator Especial pone de relieve otras cuestiones fundamentales y concluye su informe con recomendaciones.

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