En el primer día de escuela, los niños a menudo se preocupan si van a hacer nuevos amigos o si le van ha gustarsus maestros. Pero en la República Dominicana, algunos enfrentan una preocupación mucho más grave: ¿Tendré que dejar de cursar estudios porque carezco de un certificado de nacimiento?

El informe, Dejado Atrás: Como la Apatridia en la República Dominicana Limita el Acceso de los Niños a la Educación, videncia como muchos niños nacidos en la República Dominicana, descendientes de extranjeros, particularmente haitianos, enfrentan obstáculos para tener acceso a la educación. Durante generaciones, esos niños fueron reconocidos como ciudadanos, pero en la última década, el gobierno dominicano se ha negado a emitir certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y otros tipos de documentación esencial, resultando para muchos de ellos en una situación de apatridia. El informe concluye que la República Dominicana no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluido el derecho humano a la educación.

El informe es producto de meses de investigación y decenas de entrevistas con familias afectadas, así como con educadores, defensores y funcionarios gubernamentales. Muchos dominicanos de ascendencia haitiana que fueron entrevistados fueron privados del derecho a acceder a la educación primaria, secundaria o universitaria por no haber podido obtener documentos de identidad. En los casos en los que los niños han podido acceder a la educación, a muchos de ellos se les ha negado la oportunidad de tomar los exámenes nacionales necesarios para graduarse por no poseer un acta de nacimiento.

Todo esto ocurre a pesar de que las leyes, políticas y garantías constitucionales tienen como propósito que todos los niños tengan acceso a la educación. El informe observa que las barreras administrativas, la discriminación y la confusión acerca de la ley representan que en la práctica, no todos los niños en la República Dominicana tienen permitido asistir a la escuela, aún y cuando ellos mismos se consideran orgullosamente Dominicanos.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha sistematizado testimonios y sugerencias de educadores/as y estudiantes en contextos de encierro, y reunió estas reflexiones en la publicación El Derecho Humano a la Educación en contextos de encierro desde la perspectiva de sus sujetos.

Este documento pone en evidencia las recomendaciones y los pensamientos de estudiantes y docentes en contextos de encierro a partir de sugerencias y testimonios recopilados por medio de entrevistas con maestras/os y personas en privación de libertad de Bolivia, Brasil y Argentina. Estos diálogos se realizaron en visitas específicas realizadas por la CLADE en los últimos tres años, en el marco del proyecto Ampliando Voces – miradas y propuestas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la perspectiva de sus sujetos.

Las reflexiones presentadas en la publicación no son una muestra representativa de sus países, pero revelan una diversidad de situaciones que se deben tomar en cuenta para conocer la realidad de la educación en las cárceles e intervenir con políticas adecuadas y pertinentes para la realización del derecho a la educación de estas/os ciudadanas/os.

Este informe de la CME sobre educación y discapacidad agrupa las pruebas disponibles hoy sobre la escala del problema, destacando los niveles de exclusión de la educación que afrontan las niñas y niños con discapacidad, y describiendo las barreras más habituales que obstaculizan su acceso a la educación de calidad. También aboga por los sistemas educativos inclusivos, donde los niños y niñas con discapacidad se integran en escuelas convencionales, y las aulas y las escuelas dan una respuesta más eficaz y se adaptan mejor a sus necesidades. Para finalizar, el informe resume las respuestas políticas que pueden facilitar la eliminación de las dichas barreras – desde la familia, las comunidades locales y el gobierno nacional, hasta la comunidad internacional – estableciendo claramente las áreas de acción y las recomendaciones políticas para los gobiernos, los donantes y la comunidad internacional

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Este Informe fue presentado en el VI  Congreso Mundial  sobre Violencia en las Escuelas y Políticas

Públicas, en Lima, Perú,  en mayo de 2015.

La investigación presenta las formas contemporáneas de privatización en el campo educativo y los posibles impactos para la realización del derecho humano a la educación para todos y todas

Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4, 17/3 y 26/17 del Consejo de Derechos Humanos. En él, el Relator Especial sobre el derecho a la educación examina la responsabilidad del Estado frente al crecimiento explosivo de los proveedores de enseñanza privados, desde la perspectiva del derecho a la educación. El relator Especial hace hincapié en la necesidad de mantener la educación como un bien público que no debe verse reducido a empresa comercial con fines de lucro y subraya la importancia de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades, así como la justicia social y la equidad. Los Estados deben desarrollar un marco regulatorio para todo los proveedores de enseñanza privada, que prevea sanciones para las prácticas abusivas. El Relator Especial pone de relieve otras cuestiones fundamentales y concluye su informe con recomendaciones.

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Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. En él se destacan los avances recientes relacionados con la agenda para el desarrollo después de 2015, prestando especial atención a un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. El Relator Especial aporta perspectivas sobre los objetivos de la educación y recomienda estrategias de aplicación.

El informe considera la educación como la base de la agenda para el desarrollo después de 2015 y presenta las opiniones y recomendaciones del Relator Especial sobre métodos para aplicar de manera práctica un enfoque basado en los derechos humanos a los objetivos de desarrollo relacionados con la educación.

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Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. Versa sobre la enseñanza y la formación técnica y profesional consideradas desde la perspectiva del derecho a la educación. En él se insiste en las obligaciones internacionales y los compromisos políticos relativos a la promoción de esa enseñanza y esa formación. Se analizan las normas y los principios elaborados por medio de los instrumentos internacionales y se subraya la importancia que tiene la labor normativa de ámbito nacional para incrementar al máximo la contribución de esa enseñanza y esa formación al empoderamiento y al desarrollo social y económico.

El Relator Especial subraya las características específicas que poseen la enseñanza y la formación técnica y profesional entendidas como derecho y analiza la evolución de los marcos jurídicos y políticos nacionales. Insiste en que hay que garantizar la calidad de esa enseñanza y esa formación y recalca las responsabilidades de los diversos interesados en su aplicación. En el informe también se señala la importancia que tienen la enseñanza y la formación técnica y profesional en el programa de Educación para Todos y en los programas de desarrollo posteriores a 2015 y se termina formulando una serie de recomendaciones.

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El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos y con el informe inicial del Relator Especial (A/HRC/17/29 y Corr.1) en el que el Relator Especial consideró que el establecimiento de normas y principios para una educación de calidad era uno de los temas que debía ser examinado durante su mandato. En el presente informe se examinan las normas y principios nacionales e internacionales, así como las políticas relativas a la calidad en la educación. El Relator Especial destaca la necesidad de promover la adopción de normas en el plano nacional en que se establezca el derecho a una educación de calidad, congruentes con el marco jurídico internacional de los derechos humanos y las iniciativas pertinentes adoptadas en los planos nacional, regional e internacional. El Relator Especial concluye haciendo recomendaciones encaminadas a promover la educación de calidad.

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El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. Está dedicado a la financiación nacional de la educación básica. Se detallan las obligaciones de derechos humanos sobre la financiación de la educación y se proporcionan ejemplos prácticos de marcos jurídicos nacionales que garantizan la financiación nacional. El informe contiene también una actualización de la situación de la educación en situaciones de emergencia, de conformidad con la resolución 64/290 de la Asamblea General. El Relator Especial destaca que la atención que se presta y la financiación que se dedica a la educación en situaciones de emergencia siguen siendo insuficientes e inadecuadas y pide que se realicen más inversiones en actividades de prevención y para ofrecer una mejor protección a la educación durante conflictos armados.

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