La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha sistematizado testimonios y sugerencias de educadores/as y estudiantes en contextos de encierro, y reunió estas reflexiones en la publicación El Derecho Humano a la Educación en contextos de encierro desde la perspectiva de sus sujetos.

Este documento pone en evidencia las recomendaciones y los pensamientos de estudiantes y docentes en contextos de encierro a partir de sugerencias y testimonios recopilados por medio de entrevistas con maestras/os y personas en privación de libertad de Bolivia, Brasil y Argentina. Estos diálogos se realizaron en visitas específicas realizadas por la CLADE en los últimos tres años, en el marco del proyecto Ampliando Voces – miradas y propuestas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la perspectiva de sus sujetos.

Las reflexiones presentadas en la publicación no son una muestra representativa de sus países, pero revelan una diversidad de situaciones que se deben tomar en cuenta para conocer la realidad de la educación en las cárceles e intervenir con políticas adecuadas y pertinentes para la realización del derecho a la educación de estas/os ciudadanas/os.

Este informe se presenta de conformidad con la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos. El Relator Especial decidió dedicar el informe a la cuestión del derecho a la educación de las personas privadas de libertad, un grupo que es objeto de discriminación en general y también específicamente con respecto al acceso a la educación.

Por lo general se considera que el aprendizaje en prisión por medio de programas educativos tiene repercusión en la reincidencia, la reintegración y más concretamente en las oportunidades de empleo tras la excarcelación. Sin embargo, la educación es mucho más que una herramienta para el cambio; es un imperativo en sí. Con todo, la educación presenta desafíos considerables para los reclusos debido a toda una gama de factores ambientales, sociales, institucionales e individuales. El Relator Especial se propone informar y prestar asistencia a los gobiernos y a las partes interesadas en sus esfuerzos por abordar esos factores y desarrollar prácticas óptimas a fin de que las personas privadas de libertad puedan ejercer efectivamente su derecho a la educación, el cual hasta la fecha no se ha garantizado.

El presente informe se ha beneficiado en gran medida del compromiso activo y constructivo de muchos sectores interesados, tales como gobiernos, organizaciones internacionales, académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y reclusos. Colectivamente, éstos ofrecieron un valioso conjunto de perspectivas diferentes respecto de la educación en las prisiones, los cuales proporcionan enseñanzas a todos y constituyen la base de una serie de recomendaciones que figuran al final del presente informe. A todas esas personas y entidades que le demostraron su compromiso, el Relator Especial expresa su sincero agradecimiento.

 

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