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Este informe trata de las personas que han atravesado las fronteras nacionales, que, en general, corren riesgo de marginación y, en particular, de discriminación en los servicios de educación. El informe tiene por objeto informar y ayudar a los gobiernos y partes interesadas en sus esfuerzos por abordar estas cuestiones y elaborar prácticas óptimas con el fin de garantizar a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo el disfrute del derecho a la educación que hasta ahora no han podido ejercer. En el informe se consideran seis cuestiones básicas : marco jurídico y normativo, cuestiones sociales y culturales, idioma y planes de estudio, personal docente, acreditación y aprendizaje para la vida. 

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En el presente informe, la Relatora Especial examina la situación de los refugiados en relación con el derecho a la educación, en particular en el contexto del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los informes sobre la cuestión más amplia de la educación en situaciones de emergencia fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/8/10) y a la Asamblea General (A/66/269) por titulares anteriores. La Relatora Especial considera importante dar seguimiento a la cuestión en el contexto actual. Se refiere a los obstáculos específicos que enfrentan los refugiados en la búsqueda de una educación de calidad en todos los niveles, señala algunas de las mejores prácticas e innovaciones implementadas en algunos países y propone recomendaciones para superar los problemas en esta esfera.

La Relatora Especial concluye haciendo un llamamiento a los Estados para que garanticen el acceso a una educación inclusiva de calidad para los refugiados en consonancia con el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrándolo en sus planes y e strategias nacionales.

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De acuerdo con el derecho internacional la educación es un derecho humano fundamental. Aunque debería ser un derecho cuyo ejercicio estuviera al alcance de todo el mundo, los migrantes deben hacer frente a varios retos en el disfrute de su derecho a la educación. En el presente informe, la Relatora Especial se propone comprender estos retos y considerar la situación de facto y de iure del derecho a la educación de los migrantes en todo el mundo.

Mediante un análisis de los marcos jurídicos internacionales y regionales y de más de 500 documentos pertinentes elaborados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y órganos de las Naciones Unidas, el informe presenta sus principales conclusiones en términos del marco de las 4As para el derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, así como en términos de cuestiones transversales relacionadas con la identidad. El informe identifica cuestiones clave para garantizar el derecho de los migrantes a la educación, incluidas las capacidades de las instituciones educativas públicas, y los retos a los que se enfrentan los migrantes para tener acceso a instalaciones educativas y oportunidades educativas de calidad que tengan en cuenta las necesidade s concretas de los grupos de migrantes.

El informe propone recomendaciones clave para mejorar la protección y garantizar a los migrantes el pleno disfrute de su derecho a la educación a través de la implementación del marco de las 4As para el derecho a la educación.

En el presente informe se describen las principales actividades emprendidas por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, en el período examinado. En él, el Relator Especial hace hincapié en los problemas de derechos humanos que experimentan los migrantes en situación irregular y presenta un análisis de la manera en que la situación de irregularidad aumenta la vulnerabilidad ante las violaciones de los derechos humanos. Trata de la forma de abordar las situaciones de vulnerabilidad de los migrantes por no estar en una situación migratoria regular creando y fortaleciendo mecanismos de regularización.

Sobre la base de la información y de los análisis proporcionados por los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y otros interesados, el Relator Especial señala las prácticas prometedoras, las iniciativas en curso y los desafíos existentes y presenta una serie de recomendaciones tendentes a ampliar y diversificar los mecanismos y programas de regularización para mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

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