Campaña Latinoamericana y IIPE-UNESCO lanzan estudio sobre "Las Leyes Generales de Educación en América Latina - El derecho como proyecto político".
La investigación analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho.
Este trabajo se basa en el informe N° 02-20, La regulación constitucional del derecho a la educación: recopilación de experiencias comparadas. Su objetivo es sintetizar, a partir de dicha información, los ordenamientos constitucionales estudiados e identificar las diversas tendencias regulatorias a nivel internacional. De esta forma, se pretende aportar a la discusión constitucional sobre la mejor forma de consagrar el derecho a la educación en una nueva constitución política.
Este documento ofrece una visión concisa y útil del derecho a la educación, en particular en el contexto del actual debate constitucional en Chile.
En este informe, presentado en cumplimiento de las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación examina las dimensiones culturales del derecho a la educación, que son cruciales para lograr la plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad, como preconiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En su análisis, la Relatora Especial señala, a partir de numerosas experiencias nacionales, elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales de todos en la educación, a saber: a) La valoración de los recursos culturales presentes; c) La descentralización en favor de los actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje; d) Los métodos de observación participativa y sistémica; e) El respeto de las libertades en el ámbito de la educación, en particular. La Relatora Especial hace un llamamiento para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo, es decir, como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en las prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.
La originalidad de este enfoque radica en considerar la vida educativa como una relación viva entre los actores (alumnos, educadores, organizaciones y otros actores asociados) y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes, portadores “de identidad, de valores y sentido”, sin los cuales los actores no pueden hacer nada.
En un mundo que se enfrenta a la fragmentación social, a las desigualdades perjudiciales y al deterioro del medio ambiente, necesitamos ahora, más que nunca, una educación pública de calidad, transformadora e integradora. Mientras nuestros sistemas políticos luchan por resistir a la autocracia y fomentar la democracia, la educación pública y gratuita puede ayudar a crear un público bien informado con capacidad para abordar estos retos mundiales.
El público apoya a la educación pública, y la educación pública funciona.
Firmen la declaración (como individuo o como organización) y únase a nosotras y nosotros en el proceso de incidencia política hacia los Estados para desarrollar todo el potencial de la educación pública. ¡Nuestro futuro depende de ello!
La Declaración de Fortaleza fue adoptada durante la Reunión Mundial sobre Educación 2024 (GEM), celebrada en Fortaleza, Brasil, los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2024, organizada por la UNESCO y acogida por el Gobierno de Brasil.
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