At the end of 2019, at least 13.4 million school-age children (5-17 years old) were internally displaced due to conflict or violence. These numbers are likely an underestimate with many internally displaced children unaccounted for due to lack of data. The periods of internal displacement are becoming longer, with years becoming decades and internally displaced children spending the majority of their school-years displaced. The majority of these children do not have access to quality, safe and inclusive education due to discrimination, financial, legal, and insecurity barriers.
The five country case studies (Afghanistan, Colombia, Somalia, Syria Ukraine) in this report demonstrate that adopting legal and policy frameworks is not enough to uphold the right to education for internally displaced children. Challenges to implementing these policies are linked to institutional, financial, political, and cultural factors.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red de organizaciones de la sociedad civil fuertemente comprometida con la plena realización del derecho humano a la educación pública, gratuita, sin discriminación de ningún tipo, con justicia social y ambiental para todas las personas. En ese sentido, hemos venido trabajando, desde hace más de una década, la temática relativa al financiamiento adecuado, con recursos públicos, por el fortalecimiento de la educación pública, cuestionando las tendencias a la privatización y mercantilización en educación. La presente publicación – una continuidad de esos esfuerzos – resulta de una investigación con el propósito de evidenciar si y en qué grado los marcos legales de la región permiten el lucro en la educación en su etapa obligatoria. El estudio incluyó a nueve países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú. Nuestro punto de partida y referencial para realizarla es el marco de los derechos humanos y su reafirmación por encima de los intereses económicos.