El derecho a la educación reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos tiene que ser aplicado a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. Están legalmente obligados a cumplir los tratados que han ratificado y están moral y políticamente obligados a aplicar las recomendaciones y declaraciones. En cualquier caso, es fundamental que los compromisos políticos y legales adquiridos a nivel internacional se reflejen en las constituciones y la legislación, y se traduzcan en políticas y programas, a fin de que las personas puedan gozar significativamente del derecho a la educación y ser capaces de exigir al Estado que se haga responsable de las violaciones o del incumplimiento de sus obligaciones.

Un paso esencial en el uso de un enfoque basado en los derechos humanos consiste en supervisar la aplicación del derecho a la educación para asegurar que el Estado está bien encaminado y se ajusta a los estándares que han acordado. Al identificar las obligaciones y las violaciones del Estado del derecho a la educación, se pueden hacer recomendaciones de políticas específicas y concretas, las cuales tienen más probabilidades de  producir un resultado positivo.

Hay una serie de métodos para el seguimiento del derecho a la educación.  Estos métodos pueden depender del interesado que lleva a cabo el seguimiento y la finalidad de la tarea de supervisión.

En resumen, el seguimiento puede ayudar a proporcionar una evaluación de:

·El marco legal que garantiza el derecho a la educación

·Las lagunas existentes en el logro de la realización progresiva del derecho a la educación, con posibles retrocesos y adhesión a estándares mínimos

·Los desafíos y obstáculos que impiden la realización progresiva

·Las violaciones del derecho a la educación, así como las medidas correctivas para hacer frente a estas violaciones.

 

Al supervisar el derecho a la educación, es importante examinar las leyes y políticas, pero es igualmente importante analizar la práctica. Es posible que en el papel las políticas y las leyes sean buenas, pero en realidad la ejecución de ellas sea mala o tal vez insuficiente o no se haya asignado fondos para facilitar la aplicación de esas leyes y políticas.  Por lo tanto, es esencial analizar el cuadro completo y todas las posibles fuentes de información (prácticas, datos, leyes, políticas y recomendaciones formuladas por el gobierno) con el fin de determinar las razones por las cuales el derecho a la educación podría no ser gozado plenamente.

● El marco legal del derecho a la educación

Para empezar, es importante revisar el marco jurídico que garantiza el derecho a la educación en un determinado país para determinar si las leyes y políticas nacionales cumplen con el derecho  internacional de los derechos humanos:

  • ¿Cuáles tratados de derechos humanos que garantizan el derecho a la educación ha ratificado el Estado?
  • ¿Garantiza la Constitución el derecho a la educación? ¿Hasta qué punto?
  • ¿El Estado ha adoptado leyes sobre educación que proporcionan un marco jurídico detallado para garantizar el derecho a la educación?
  • ¿El Estado ha adoptado políticas para aplicar el derecho a la educación? ¿Estas políticas cumplen con la legislación nacional?

Si las leyes y políticas cumplen con los estándares de derechos humanos, entonces es probable que ocurran violaciones debido al fracaso en defender esas leyes y políticas. Si las leyes y políticas no se ajustan a las normas de derechos humanos, entonces es probable que vuelvan a ocurrir violaciones a menos que dichas leyes y políticas sean cambiadas.

● La aplicación del derecho a la educación en la realidad

Además, es muy importante supervisar la aplicación del derecho a la educación: en el ámbito escolar, regional y nacional, usando datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo:

  • ¿Se discrimina a determinados grupos? ¿Las niñas? ¿Las minorías?
  • ¿Son algunas regiones especialmente desfavorecidas en cuanto a calidad de la educación?
  • ¿La educación primaria es realmente libre?

● Presupuesto asignado a la educación

La revisión de la asignación presupuestaria es también un indicador muy útil para el seguimiento de la realización plena del derecho a la educación. La asignación presupuestaria refleja no sólo el nivel de los recursos invertidos en el sector de la educación sino también las prioridades de política del gobierno.

Es necesario hacer un análisis cuidadoso para evaluar —y cuestionar— la medida en que los recursos disponibles se usan de la forma más eficiente y si existe voluntad política. También puede ser útil identificar las áreas dejadas de lado, la falta o disminución de financiación, revelando así posible fallas o violaciones. Sin embargo, también es importante centrarse en el esfuerzo realizado por el Estado en lugar de sólo la cantidad que se invierte en educación. Por ejemplo, un país con pocos recursos podría estar usándolos equitativamente, logrando un avance lento pero importante y justo en la educación de todos los miembros de la sociedad, a diferencia de un país rico que está invirtiendo una cantidad de dinero relativamente grande en educación, pero muy poco en sus grupos o zonas más desfavorecidos, o lo que es peor está disminuyendo la asignación a lo largo del tiempo.

Otra de las limitaciones del análisis presupuestario es la falta de transparencia de algunos presupuestos o el hecho de que un aumento de la asignación de recursos no siempre se traduce en un mejor acceso o goce del derecho a la educación. En resumen, más allá de cuánto se gasta, es también muy importante analizar cómo se gasta, así como cuán transparente y participativo es el proceso de asignación de presupuesto.

Para más información sobre la financiación de la educación, ver aquí .

Al determinar la existencia de violaciones, es importante tener en mente la diferencia entre las obligaciones inmediatas, como la no discriminación, y las obligaciones progresivas, como la educación superior gratuita. Por lo tanto, es importante comprender a cabalidad lo que se puede considerar como una violación y lo que sólo puede ser considerado una brecha hacia la plena realización del derecho a la educación (pero no una violación de hecho aún).

Las violaciones del derecho a la educación son actos de comisión u omisión por parte del Estado, que lo lleva a dejar, intencionalmente o no, de cumplir con sus obligaciones. En el primer caso (la comisión), la violación se produce debido a la acción del Estado; en el segundo caso (la omisión), la violación ocurre cuando el Estado no toma medidas o deja de tomar las medidas necesarias.

No es sólo el Estado el que viola los derechos humanos, los agentes privados (o agentes no estatales) como particulares y empresas privadas a menudo son los responsables de la violación del derecho a la educación de las personas en todo el mundo. En estos casos, el Estado está obligado a proteger los derechos humanos regulando las acciones de las entidades privadas con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos.

Para obtener más información, consulte Identifying Violations of the Right to Education, FonsCoomans, 1998 (en inglés).

Las herramientas pueden ser útiles para ayudar a supervisar el derecho a la educación. A continuación se selecciona herramientas desarrolladas por el Right to Education Project:

  • Indicadores del derecho a la educación

Con el fin de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los Estados y evaluar el ejercicio del derecho a la educación, son muy útiles los indicadores (cuantitativos y cualitativos) basados en las disposiciones específicas de la legislación en materia de derechos humanos.

Desde el año 2008, el Right to Education Project (RTE) tiene como objetivo desarrollar y poner en funcionamiento un conjunto de indicadores basados en el derecho internacional de derechos humanos.  El RTE ha desarrollado más de 200 Indicadores destinados a ser utilizados como una herramienta para evaluar los progresos realizados por los Estados para lograr la realización plena del derecho a la educación, determinar las violaciones del derecho a la educación y permitir a la sociedad civil exigir que los gobiernos rindan cuentas de sus obligaciones en materia de educación.  Para obtener más información consulte nuestra  Guía de seguimiento.

  • Promover los derechos en las escuelas

En 2010, las organizaciones RTE y ActionAid desarrollaron  la herramienta La promoción de los Derechos en las Escuelas, que utiliza los indicadores de la RTE para supervisar el derecho a la educación en las escuelas locales.  La herramienta sirve como núcleo del programa de educación de ActionAid y está dirigida  a popularizar la educación como un derecho humano y como un medio para capacitar a las comunidades locales a exigir la rendición de cuentas con respecto del derecho a la educación.

  • Bases de datos útiles

Una serie de bases de datos recopilan información estadística, así como leyes y políticas en materia de educación. Consulte nuestra lista de bases de datos útiles.

A nivel nacional, regional e internacional, existen mecanismos de derechos humanos que supervisan el derecho a la educación y que pueden proporcionar información sobre la aplicación del derecho a la educación en un país específico. La mayoría de las veces, también se les puede hacer denuncias de violaciones de los derechos de educación secundaria y vacíos en su aplicación.

En el plano nacional, puede ser útil para comunicarse con:

  • Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cuya misión es promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional. Más información aquí.
  • Mediadores
  • Las oficinas nacionales de estadísticas. A pesar de que los Ministerios de Educación son los órganos más evidentes para recopilar datos sobre educación, es posible que desee analizar también otra información estadística para ayudar a supervisar el derecho a la educación, tal como empleo de adultos jóvenes, crecimiento de la población, salud y protección social, etc.
  • Las juntas escolares locales y los Comités de Gestión de las Escuelas suelen recopilar datos sobre los alumnos y de sus experiencias en la escuela.

Tenga en cuenta también que los Estados tienen la obligación de adoptar los estándares de educación mínimos y asegurar que las instituciones públicas y privadas los cumplan. Esto significa que los Estados deben desarrollar un marco de supervisión para asegurar que estos estándares se cumplan. Los mecanismos de control pueden incluir las inspecciones escolares, criterios de licencia o pruebas estandarizadas. A menudo son una buena fuente de datos para revelar las desigualdades y las posibles violaciones.

En el nivel regional y nacional, se puede conectar con los órganos de derechos humanos, tales como órganos de tratados de la ONU. Para obtener más información, ir a nuestra página sobre mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos  

Para obtener más información acerca de cómo informar a estos organismos, haga clic aquí.