Con el fin de comprender y analizar cómo se aplica el derecho a la educación a nivel nacional, es necesario considerar con qué tratados de derechos humanos está comprometido el Estado en cuestión y la forma en que las disposiciones de esos tratados han sido traducidas e incorporadas en leyes y políticas nacionales. Se puede utilizar también la información estadística y la jurisprudencia para analizar el grado en que el Estado está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Para que un tratado sea jurídicamente vinculante para el Estado, el Estado debe ratificar o adherirse al tratado. Cuando un Estado firma pero no ratifica un tratado, sólo está moral y políticamente vinculado por las disposiciones del tratado hasta que éste sea ratificado. La ratificación por lo general implica la aprobación del correspondiente órgano nacional del Estado (por ejemplo, el Parlamento o el Jefe del Estado) y el consentimiento formal a nivel internacional.
La garantía constitucional del derecho a la educación es la protección máxima que se puede acordar a nivel nacional. La constitución sirve como un marco de referencia para todas las demás leyes y políticas, las cuales han de estar en conformidad con ella. Las constituciones nacionales pueden variar de un Estado a otro, lo que se traduce en variaciones en la forma en que el derecho a la educación es garantizado constitucionalmente. Algunas constituciones establecen garantías generales del derecho a la educación, mientras que otras son más específicas, por ejemplo, garantizan explícitamente la igualdad entre los géneros o la educación gratuita y obligatoria. En general, las constituciones establecen un recurso legal cuando la garantía de los derechos humanos es violada.
Las leyes no proporcionan una protección tan fuerte como las constituciones, pero garantizan el derecho a la educación en más detalle y se actualizan más frecuentemente para reflejar las necesidades cambiantes de la sociedad. Los Estados pueden establecer leyes diferentes para distintos aspectos del derecho a la educación. Por ejemplo, es común tener leyes específicas para los distintos niveles de la educación. Las leyes nacionales de educación deben ser aprobadas a través de un proceso democrático y aplicadas por el sistema judicial. Esto significa que si una ley no se cumple, los responsables de infringir la ley pueden ser obligados a rendir cuentas, y las políticas o acciones del gobierno que no se ajustan a la ley pueden ser objeto de impugnación.
Nota: en los Estados federales o descentralizados, las leyes sobre la educación también podrán ser adoptadas y aplicadas en el subnivel nacional o provincial.
Las políticas en materia de educación, que deberán cumplir con las leyes, son formuladas por el gobierno y describen sus principales prioridades. Son más flexibles que las leyes y se pueden cambiar con más facilidad. Informan cómo el derecho a la educación se lleva a cabo en un contexto particular. Nota: en los Estados federales o descentralizados, las políticas en materia de educación también podrán ser adoptadas y aplicadas en el subnivel nacional o provincial.
La jurisprudencia sobre el derecho a la educación incluye las decisiones de los tribunales nacionales, regionales e internacionales, así como de órganos administrativos nacionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organismos internacionales de derechos humanos.
La jurisprudencia puede proporcionar ejemplos de violaciones del derecho a la educación, así como interpretación y aclaración de las leyes nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la educación. La jurisprudencia también se puede utilizar para imputar otros casos sobre un problema similar, especialmente en países con derecho consuetudinario como el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, donde las decisiones establecen un precedente vinculante para todos los tribunales a la hora de decidir los casos posteriores con problemas o hechos similares.
La mayoría de los Estados y algunas organizaciones intergubernamentales (por ejemplo, las Naciones Unidas y el Banco Mundial) recopilan periódicamente datos con respecto a la educación, que normalmente se usan para informar a planificación (por ejemplo, políticas, presupuestos) así como el cumplimiento de las leyes. Otros actores, tales como institutos de investigación, universidades y organizaciones de la sociedad civil, también pueden recolectar datos relativos a la educación, generalmente sobre un proyecto o iniciativa específica. Los datos y estadísticas sobre educación pueden proporcionar información útil que se puede medir para determinar si los Estados están cumpliendo con las normas internacionales de derechos humanos en materia del derecho a la educación. También pueden indicar si las leyes y políticas se traducen en una realidad concreta.