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© OHCHR
28 Mayo 2020

En un comunicado de prensa publicado hoy, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha saludado la rápida decisión de España de permitir que una niña marroquí de 12 años asista a un colegio en la ciudad autónoma de Melilla, sentando así un precedente positivo para más de 80 casos en similares circunstancias sin resolver. 

La acción del gobierno español tuvo lugar seis semanas después de que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) solicitara a España tomar medidas provisionales para permitir que N.S., una niña de nacionalidad marroquí nacida y criada en Melilla, fuera admitida en la escuela primaria local. 

La lucha de los niños y niñas por el derecho a la educación: desde las escuelas hasta la ONU

N.S. nació en Melilla y es hija de una madre marroquí que migró a esa ciudad de niña. Tanto la madre como la hija son consideradas residentes irregulares en la ciudad española y por ello N.S. no podía acceder al sistema de educación pública, aunque había alcanzado la edad para la educación obligatoria, que abarca desde los seis hasta los 16 años.

Comenzando en 2018, N.S. ha participado en campañas durante más de dos años con otros niños y niñas en su misma situación, protestando semanalmente ante el Ministerio de Educación de Melilla para luchar por su derecho a la educación.

En noviembre de 2019, N.S. y su madre presentaron una demanda ante un tribunal administrativo en Melilla para exigir que N.S. fuera escolarizada, pero el juez falló que N.S. debía ser escolarizada en Marruecos.

N.S. y su madre llevaron su queja ante el CDN en febrero de este año, argumentando que, sin conexiones familiares en Marruecos, era poco realista exigirle viajar sin la asistencia necesaria para recibir una educación en un país diferente y en otro idioma.

El Comité contactó inmediatamente al gobierno español. El gobierno local de Melilla informó a N.S. el 24 de marzo que había sido admitida en una escuela pública de Melilla.

“He sido la única que escolarizaron aquí en Melilla, pero quedan muchísimos niños más sin escolarizar,” dijo N.S. en un video donde compartía su alegría con el Comité. La niña agregó que ella querría ver como los demás niños y niñas residentes irregulares puedan ir al colegio como ella. 

“Este es el caso más rápido en resolverse por nuestro mecanismo de denuncias individuales. Pero hay muchos otros casos similares registrados ante el Comité. Hacemos un llamado a España a que tome medidas urgentes para permitir que estos niños y niñas vayan a la escuela en Melilla, dado que todos los niños y niñas tienen el derecho a la educación sea donde sea que vivan, sin importar su estatus,” dijo la miembro del Comité Ann Skelton.

 

El primer caso sobre el derecho a la educación que se ha resuelto a través del mecanismo de denuncias del CDN

Este es el primer caso sobre el derecho a la educación resuelto por el CDN a través de su mecanismo de denuncias individuales. Desde la entrada en vigor del Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (PF3 CDN) en 2014, los niños, las niñas, grupos de menores o sus representantes pueden presentar quejas (llamadas comunicaciones individuales) al CDN por violaciones de sus derechos bajo la Convención y sus dos primeros protocolos facultativos contra cualquier Estado que haya ratificado el PF3 CDN. España se encuentra entre los países (46) que sí lo han hecho. y que se han pronunciado sobre la aplicación de la decisión de los órganos de tratados de la ONU. En 2018, el Tribunal Supremo de España adoptó una decisión revolucionaria al establecer que las opiniones expresadas por los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU en las denuncias individuales son vinculantes para el Estado. Sin embargo, el tema está actualmente bajo revisión ya que una sentencia más reciente de febrero de 2020 sugiere que los tribunales podrían tomar una dirección distinta de cara a la diferente naturaleza vinculante de las sentencias del TEDH y las decisiones de los órganos de tratados de la ONU.


El caso del niño marroquí es importante y nos recuerda que todos los menores tienen derecho a la educación independientemente de su condición de ciudadanía. Para más información, haga clic aquí

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