10 Abril 2020

La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial ha establecido un nuevo precedente en la defensa del derecho a la educación, al lanzar un compromiso oficial de congelar sus inversiones en escuelas privadas con fines de lucro de educación preprimaria, primaria y secundaria (también llamadas "K-12", por su acrónimo en inglés). Las organizaciones firmantes de este posicionamiento aplauden esta decisión histórica de la IFC, que responde a las preocupaciones expresadas por la sociedad civil sobre los efectos de las escuelas comerciales sobre la segregación y la exclusión, la calidad inadecuada de la educación, la estandarización y falta de regulaciones, las malas condiciones laborales y el comportamiento de búsqueda del lucro.

Esta medida se basa en cambios de política similares, como la decisión de la Alianza Mundial para la Educación (GPE) en su Estrategia del Sector Privado, aprobada en el 2019, que prohibió la financiación para la provisión de servicios educativos básicos con fines de lucro, y asimismo la resolución del 2018 del Parlamento Europeo, que declaró que la Unión Europea y sus Estados miembros no deben utilizar el dinero de la ayuda al desarrollo para financiar escuelas privadas comerciales.

Estos despliegues reflejan el reconocimiento cada vez mayor del daño causado por la educación con fines de lucro y la importancia del derecho a la educación pública como un componente central de la política educativa global.

"Esta decisión histórica de la IFC ilustra la comprensión emergente de que las escuelas comerciales con fines de lucro pueden hacer más daño que bien. Hemos visto años de impactos perjudiciales de la comercialización en el derecho a la educación. Es hora de alejarse de los enfoques de mercado e impulsar la inversión en servicios públicos accesibles, de calidad, transparentes y participativos", enfatizó Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La sociedad civil ha pedido previamente al Banco Mundial y a otros financiadores que cesen las inversiones en escuelas comerciales y garanticen que la ayuda al desarrollo para la educación se utilice para apoyar la provisión pública de educación gratuita y de calidad, que beneficie a todos sin discriminación de ningún tipo. Las declaraciones y cartas firmadas por más de 100 organizaciones se compartieron en mayo de 2015agosto de 2017 y octubre de 2019El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidasla Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educaciónlos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, así como la Comisión Africana sobre Los Derechos Humanos y los Pueblos también han expresado reiteradamente sus preocupaciones sobre los impactos negativos de la comercialización de la educación en los últimos años. 

“Hemos apoyado a los ciudadanos de Kenia para que presenten quejas ante el Compliance Advisor Ombudsman (CAO)de la IFC con respecto a su inversión en Bridge International Academies, una cadena escolar con fines de lucro dirigida a poblaciones vulnerables. El proceso está en curso, pero el CAO ya ha planteado "preocupaciones sustanciales". Este caso ilustra los problemas inherentes a los enfoques comerciales y de mercado en la educación. Ahora es el momento para que la IFC y otros donantes e inversores vuelvan a imaginar el camino a seguir, garantizando que todas sus inversiones ayuden a fortalecer la educación pública y el estado de derecho en nuestros países, comentó la Dra. Judith Oloo, directora ejecutiva del Centro de África Oriental para los Derechos Humanos. 

Las organizaciones de la sociedad civil celebran el liderazgo de la IFC al reconocer que sus inversiones en educación no deben socavar el derecho a la educación, incluida la educación pública, y que han habido inquietudes con inversiones pasadas a este respecto.

Las organizaciones de la sociedad civil exigen al Banco Mundial que garantice que todas sus inversiones respalden una educación pública gratuita y de calidad para todas y todos. Esperamos que se realice una consulta inclusiva y sólida que considerará si hay circunstancias excepcionales en las que las futuras inversiones puedan avanzar, siempre y cuando se asegure de que no tengan un impacto negativo en la pobreza, la desigualdad, el derecho a la educación o la provisión de educación pública. Los Principios de Abidján sobre el derecho a la educación, recientemente adoptados, establecen las obligaciones existentes de derechos humanos a este respecto y brindan orientación sobre cómo la IFC puede garantizar que sus inversiones respalden el derecho a la educación pública.

Firmado por:

  • ActionAid
  • Brazilian Campaign for Education
  • Civil Association for Equality and Justice (ACIJ, Argentina)
  • Coalition Éducation (Francia)
  • East African Centre for Human Rights
  • Ghana National Education Campaign Coalition
  • Global Campaign for Education-US
  • Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
  • Global Justice Now
  • Institute for Social and Economic Rights (Uganda)
  • Latin American Campaign for the Right to Education (CLADE)
  • Oxfam
  • Platform for the Defence of the Basque Public School (España)
  • National Education Union (Reino Unido)
  • Results
  • Right to Education Forum (India)
  • Right to Education Initiative
  • Solidarité Laïque (Francia)

Documentos

Contactos

  • Linda Oduor-Noah (inglés), East African Centre for Human Rights, linda@eachrights.or.ke, +254 793301925 
  • Salima Namusobya (inglés), Initiative for Social and Economic Rights, snamusobya@gmail.com, +256 772 473929
  • Sylvain Aubry (francés/ inglés), Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, sylvain@gi-escr.org, +33 7 81 70 81 96
  • Katie Malouf-Bous (inglés), Oxfam International,katie.MaloufBous@oxfam.org, +1 202 489-3507