Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adopta una resolución histórica sobre la privatización de la educación y la salud y reconoce los Principios de Abiyán

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos publicó ayer una histórica resolución que aborda el papel de los actores privados en la educación y la salud.

La resolución sobre la obligación de los ‘Estados’ de regular a los actores privados involucrados en la provisión de servicios de salud y educación reafirma que los Estados africanos son ‘los responsables de la protección y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los derechos a la salud y educación sin discriminación, para los cuales son esenciales los servicios públicos de calidad’. También expresa su preocupación por la tendencia actual entre los donantes bilaterales y las instituciones internacionales de presionar a los Estados parte para que privaticen o faciliten el acceso a los actores privados en sus sectores de salud y educación sin tener en cuenta estas obligaciones.

En este contexto, la Comisión Africana hace un llamado a los Estados a ‘tomar medidas políticas, institucionales y legislativas apropiadas para garantizar el respeto, la protección, la promoción y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la salud y la educación”. Para ello recomienda la adopción de ‘medidas legislativas y marcos de políticas que regulen a los actores privados en la prestación de servicios sociales” y asegurar que su ‘implicación esté en conformidad con las normas regionales e internacionales de derechos humanos’.

La resolución se refiere y establece estándares que están en línea con los Principios de Abiyán recientemente adoptados sobre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos de proporcionar educación pública y regular la participación privada en la educación. La Comisión llama especialmente a los Estados a ‘evaluar cuidadosamente los riesgos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las asociaciones público-privadas y garantizar que cualquier posible acuerdo esté en consonancia con sus obligaciones sustantivas, procesales y operativas de derechos humanos’.

Salima Namusobya, directora ejecutiva de Initiative for Social and Economic Rights (ISER), declaró: ‘Hemos visto cómo la realización de los derechos económicos, sociales y culturales se ha visto obstaculizada por el desarrollo incontrolado y no regulado de actores privados en la prestación de servicios sociales, tales como la salud y la educación. La creciente dependencia de los gobiernos de las escuelas y clínicas privadas se ve facilitada por la disminución de la inversión estatal en estos servicios públicos esenciales y una fe ciega en las soluciones de mercado. La resolución de la Comisión Africana es un paso importante para garantizar una mayor rendición de cuentas para que los Estados brinden servicios públicos de calidad, como están legalmente obligados a hacer en virtud del derecho nacional e internacional’.

Las investigaciones realizadas a nivel mundial y en todo el continente africano en los últimos años ha documentado cómo el hecho de que los Estados no inviertan adecuadamente en servicios públicos, la ideología pro-mercado y la regulación inadecuada del sector privado están teniendo un impacto cada vez más perjudicial en los derechos humanos: un auge en la discriminación y segregación debido a tasas inasequibles, falta de transparencia y rendición de cuentas, inequidad, mal uso de recursos y control corporativo sobre los servicios que son esenciales para el desarrollo de sociedades abiertas y justas.

Investigadores de derechos humanos, académicos, activistas y organismos han proporcionado un marco sólido en los últimos años para analizar y responder a este fenómeno. En febrero de 2019, más de 50 eminentes expertos de todo el mundo adoptaron en Côte d’Ivoire los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación, que desglosan las obligaciones de derechos humanos de los Estados en este contexto. En el campo de la salud, en abril de 2019, ISER llevó a cabo un análisis de la participación privada en la salud utilizando el marco de derechos humanos.

Sylvain Aubry, asesora jurídica y de investigación de Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), afirmó: ‘Con esta resolución, la Comisión Africana está enviando un poderoso mensaje al mundo. Reafirma los requisitos inalienables de derechos humanos de proporcionar servicios públicos de calidad y regular a los actores privados, así como la obligación de los Estados de cumplir con sus estándares de derechos humanos, como las detalladas directrices proporcionadas en los Principios de Abiyán. Los estudiosos de derechos humanos, activistas y comunidades en todo el continente han dicho repetidamente que un enfoque de mercado a los servicios sociales no es compatible con los estándares de derechos humanos. Esperamos que los líderes africanos pongan en práctica la resolución y que lidere el camino para que otros mecanismos regionales y de derechos humanos de la ONU sigan su ejemplo’.

‘Creo que la resolución es un avance positivo y un paso audaz por parte de la Comisión Africana dada la debilidad o falta de regulación de las actividades de los actores privados en muchos países africanos. Esta resolución se convierte en un estándar importante que puede usarse para prevenir o minimizar los impactos negativos de las actividades de los actores privados en el disfrute de los derechos socioeconómicos. Dado el impacto de las actividades en los actores no estatales sobre el acceso al agua, es importante que las directrices futuras de la Comisión Africana sobre los actores privados aborden más que la salud o la educación’, dijo Ebenezer Durojaye, de Dullah Omar Institute.

Initiative for Social and Economic Rights, the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Dullah Omar Institute y la Iniciativa por el Derecho a la Educación han acogido con beneplácito este compromiso de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y espera que se vea reforzado por un continuo trabajo de la institución en estos temas. La resolución y las directrices interpretativas proporcionadas por los Principios de Abiyán constituyen un hito en la construcción y el fortalecimiento de marcos reguladores para los actores privados en los sectores de servicios sociales y reforzará los esfuerzos de los gobiernos de regular a los actores privados. 

Documentos

• Resolución sobre la obligación de los Estados de regular a los actores privados involucrados en la provisión de servicios de salud y educación - ACHPR / Res. 420 (LXIV) 2019
• Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación 
• Sitio web de los Principios de Abiyán

Contactos

• Salima Namusobya (inglés), directora ejecutiva, Initiative for Social and Economic Rights: dir@iser-uganda.org
• Sylvain Aubry (francés e inglés), asesora jurídica y de política, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights: +254 7 88 28 96 34 / +33 7 81 70 81 96 / sylvain@gi-escr.org
• Delphine Dorsi (francés, inglés y español), directora, Right to Education Initiative: +44 77 06 756 077 / delphine.dorsi@right-to-education.org  
• Ebenezer Durojaye (inglés), director de Proyecto e investigador principal, Proyecto de Derechos Socioeconómicos, Dullah Omar Institute, Universidad del Cabo Occidental: +27 71 918 9056 / edurojaye@uwc.ac.za