El derecho a la educación es universal y no permite ningún tipo de exclusión o discriminación. Sin embargo, los países en desarrollo y los países desarrollados enfrentan el desafío de garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el acceso a la educación y en los sistemas educativos. Los grupos marginados son a menudo dejados de lado por las políticas nacionales de educación, negando así el derecho a la educación a muchas personas.

Aunque pensar en los grupos puede ser de utilidad, la distinción es algo artificial. Las personas marginadas son muy susceptibles de ser objeto de múltiples formas de discriminación, es decir, pertenecen a más de un grupo marginado.

La no discriminación y la igualdad son principios fundamentales de derechos humanos que se aplican en el derecho a la educación. Los Estados tienen la obligación de aplicar estos principios a nivel nacional. Las leyes nacionales pueden prohibir la discriminación y crear un entorno que permita una mayor equidad. Por otra parte, la discriminación positiva y las medidas de promoción son a menudo necesarias para eliminar las desigualdades y las disparidades existentes en la educación.