La aplicación del derecho a la educación requiere financiación a fin de construir escuelas, pagar los sueldos y la formación de los docentes, proveer materiales de enseñanza, etc.
En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para hacer realidad el derecho a la educación. Incluso cuando los recursos de un Estado son muy limitados, éste está obligado a dar prioridad a determinadas obligaciones inmediatas, tales como la introducción de la educación primaria gratuita, y a garantizar la educación para todos sin discriminación. Asimismo, está obligado a proporcionar progresivamente la gratuidad de la enseñanza secundaria y superior y a mejorar continuamente la calidad de la educación. Esto significa que debe tomar inmediatamente medidas progresivas para la realización plena del derecho a la educación y no debe adoptar medidas regresivas.
Para aplicar en forma eficaz el derecho a la educación, los Estados deben velar por que una parte suficiente del presupuesto nacional se destine a la financiación de la educación y que el dinero se utilice de manera eficaz y equitativa para garantizar la educación para todos y corregir las desigualdades.
Las declaraciones internacionales, por ejemplo, la Declaración de Jomtien de 2011, reconocen que los Estados deben asignar por lo menos el 6% de su PIB y/o al menos un 20% de sus presupuestos nacionales a educación para alcanzar una educación de calidad para todos. En algunos Estados, el presupuesto nacional de educación está garantizado por la constitución o la legislación, por ejemplo, en Brasil, Costa Rica e Indonesia.
