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Las escuelas privadas de bajo costo son un fenómeno creciente en muchos países de bajos y medianos ingresos. Su aparición normalmente tiene lugar en el contexto de los procesos estándar de privatización que, a menudo ayudados por una generosa legislación, no son producto de un diseño gubernamental sino una respuesta más ascendente a la falta de disponibilidad o una percepción de inadecuación de los servicios de educación pública, especialmente en las regiones más pobres de estos países.

Aceptadas por algunos como un área de esperanza y de mayores oportunidades para los pobres (Tooley y Dixon 2005a, b), se han planteado algunas preguntas sobre los entornos regulatorios en los que funcionan las escuelas privadas de bajo costo y sobre el grado hasta el que tales escuelas pueden estar comerciando con los sueños y esperanzas de los pobres sin realmente ofrecer mucho a cambio (Robertson y Dale 2013).

Un estudio de caso sobre la privatización de facto y el aumento de las escuelas privadas de bajo costo en Perú ofrece una visión de las complejidades de este subsector de la educación privada (Balarin 2015). Las escuelas privadas peruanas de bajo costo han surgido en masa durante la última década bajo el marco de un decreto legal aprobado en 1998, que buscaba promover la inversión privada en educación reduciendo las limitaciones legislativas para la apertura de escuelas privadas, permitiendo que las escuelas privadas funcionaran con ánimo de lucro y ofreciendo generosos beneficios fiscales a los inversionistas. Esto dio lugar a un aumento en la creación de escuelas privadas que, desde 2004, cuando el país entró en una década de fuerte y constante crecimiento económico, ha acompañado un crecimiento igualmente importante en la demanda de educación privada. Las matriculaciones en escuelas privadas han pasado del 13 por ciento en 1998 al 26 por ciento en 2014. En la ciudad de Lima, que tiene casi un tercio de la población total del país y aproximadamente la mitad de todas las matriculaciones en educación básica, la educación privada supone el 50 por cierto de las matriculaciones, frente al 29 por ciento de 2004 (Cuenca 2013). La evidencia muestra que la tendencia está bien establecida en la mayoría de las principales ciudades del país.

En Perú, el crecimiento de la educación privada ha tenido lugar en el marco de un proceso de descentralización por el que las capacidades ejecutivas han sido transferidas a los nuevos poderes regionales cuya capacidad administrativa es todavía débil. En este proceso, las funciones de regulación con respecto a las escuelas privadas casi han desaparecido. Las licencias para las nuevas escuelas son otorgadas por las autoridades locales que no desempeñan ningún papel de supervisión regular sobre las escuelas privadas, ni recopilan ningún dato de manera regular que pueda facilitar su regulación o el desarrollo de un conocimiento sobre este creciente sector educativo.

Evidencias de otros estudios muestran que Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor grado de segregación escolar y donde, por consiguiente, las características socioeconómicas de los estudiantes están más intensamente correlacionadas con sus logros educativos (Benavides, León y Etesse, 2014). Las investigaciones demuestran también que el sistema educativo está profundamente estratificado, con escuelas atendiendo a poblaciones muy distintas en función de su ubicación residencial y su poder adquisitivo. Estas tendencias están marcadas tanto en el sector público como en el privado, pero el rango de estratificación es mayor en este último, donde la oferta está a menudo fuera del alcance del control regulatorio del estado.

Las familias pobres que eligen enviar a sus hijos a escuelas privadas de bajo costo se abren camino por el mercado escolar sin fondos públicos y con muy poca información para tomar y apoyar sus elecciones. Menos dirigidos por una preferencia ideológica por lo privado, o por las preocupaciones de estatus que a menudo motivan las opciones de las familias de clase media y alta, la elección de las escuelas privadas por parte de las familias pobres deriva de preocupaciones muy prácticas sobre disponibilidad de servicios en sus áreas, los ratios estudiante-profesor y el menor riesgo de enviar a sus hijos a una pequeña escuela cerca de su casa donde pueden vigilarlos. Las familias también están preocupadas por la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, pero sus parámetros para juzgar la calidad son a menudo débiles o incluso están equivocados. Es cuando se enfrentan a problemas tales como su incapacidad para pagar o la falta de respuesta de unas escuelas que a menudo están constituidas como empresas familiares, emplean personal no cualificado o incurren en prácticas inadecuadas, que las familias se dan cuenta de las implicaciones potenciales (o reales) de enviar a sus hijos a una escuela de bajo costo: la probabilidad de que sus hijos tengan que interrumpir sus trayectorias escolares y la falta de protección frente a prácticas inadecuadas o abusivas.

Parece improbable que la elección de la escuela proporcione a sus hijos las oportunidades que esperan estas familias, en un contexto en el que las escuelas privadas de bajo costo operan bajo regulaciones y normas tan laxas. Tal afirmación cuenta con el apoyo de las evaluaciones nacionales peruanas, que han demostrado que los niños en escuelas privadas que operan en áreas con altas concentraciones de pobreza tienden a tener resultados similares, y en muchos casos peores, que los de las escuelas públicas que operan en esas mismas áreas.

Más allá de esto, sin embargo, están las implicaciones para la ciudadanía y la justicia social de un mercado escolar no regulado que separa a los niños de diferentes grupos socioeconómicos en escuelas totalmente diferentes, con las consecuencias negativas que esto suele tener para los niños de los entornos más pobres.

María Balarin obtuvo un doctorado en Política de Educación de la Universidad de Bath en 2006, con una tesis titulada: 'Discontinuidad radical: un estudio del papel de la educación en el Estado peruano y de las instituciones y culturas de legisladores en la educación'. Antes de esto obtuvo una Maestría en Estudios Psicoanalíticos por la Universidad de Essex y una Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pontificia Católica de Perú.

Entre 2006 y 2011 fue becaria postdoctoral y luego profesora en el Departamento de Educación de la Universidad de Bath, donde estuvo afiliada al área de investigación de Política de Globalización y Educación e impartió cursos de sociología y filosofía de la educación, política educativa y métodos cualitativos de investigación. Durante este tiempo también fue Directora de Estudios del Programa de Maestría en Educación, para el que creó una línea de política educativa.

Desde 2011 es Investigadora Asociada en GRADE, donde centra su trabajo en el análisis y evaluación de políticas educativas y sociales, especialmente desde perspectivas cualitativas y de métodos mixtos. Recientemente, sus estudios se han centrado en el proceso de privatización estándar de la educación peruana, así como en las cuestiones de género y en el análisis de los procesos de producción, circulación y uso del conocimiento de la investigación social en Perú.

Referencias

Balarin, M. 2015. “The default privatization of Peruvian education and the rise of low-fee private schools: better or worse opportunities for the poor? .” CIES, Washington D.C.

Benavides, Martín, Juan León, y Manuel Etesse. 2014. Desigualdades educativas y segregación en el sistema educativo peruano. Una mirada comparativa de las pruebas PISA 2000 y 2009. En Avances de Investigación. Lima: GRADE.

Cuenca, Ricardo. 2013. “La escuela pública en Lima Metropolitana. ¿Una institución en extinción?” Revista Peruana de Investigación Educativa (5):73-98.

Robertson, S, y R Dale. 2013. “The social justice implications of privatisation in education governance frameworks: a relational account.” Oxford Review of Education 39 (4):426-445.

Tooley, James, y Pauline Dixon. 2005a. “Is private education good for the poor.” Cato Institute. Washington DC.

Tooley, James, y Pauline Dixon. 2005b. Private education is good for the poor: A study of private schools serving the poor in low-income countries: Cato Institute Washington, DC.

Este artículo apareció originalmente en NORRAG NEWSBite y ha sido republicado con el generoso consentimiento de NORRAG. 

Esta entrada en el blog está basada en un artículo en el próximo número de NORRAG NEWS sobre ‘Financiación de la Educación y Talentos’, previsto para mayo de 2015 en www.norrag.org