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La UNESCO informa que 119 países han cerrado sus escuelas a nivel nacional desde el brote del COVID-19, interrumpiendo el aprendizaje y la educación de aproximadamente 897 millones de estudiantes. Millones más podrían verse afectados conforme más países ordenen el cierre de escuelas.

Todos los años, los sistemas educativos de muchos países se ven afectados por desastres naturales relacionados con el cambio climático y por conflictos armados. Pero el mundo no había visto cómo el nivel de interrupción en la educación se difundía de manera tan uniforme desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los gobiernos han optado por cerrar las escuelas por el objetivo legítimo de salud pública de contener la propagación del coronavirus, pero los gobiernos siguen estando obligados a respetar el derecho a la educación.

Las respuestas a la crisis del COVID-19 variarán según la capacidad de cada sistema educativo. En particular, dependerán de si los gobiernos tienen planes sólidos de contingencia de emergencias, si la tecnología ya está completamente integrada en el sistema, la disponibilidad de Internet dentro de las comunidades, la disponibilidad de copias impresas del material de aprendizaje y la garantía de condiciones laborales adecuadas para los/las docentes y el personal educativo.

Es probable que la respuesta ponga en evidencia profundas desigualdades en la educación, incluso dentro del propio sistema educativo de un país.

Dar prioridad a los/las estudiantes más vulnerables

En todos los países afectados por el coronavirus, los gobiernos deberían centrarse en mitigar los efectos desproporcionados que sufrirán los niños, las niñas y los/las jóvenes que ya afrontan obstáculos para acceder a la educación, o que corren un mayor riesgo de verse excluidos/as por una variedad de razones. Estos incluyen a menores con discapacidades, estudiantes en lugares remotos, aquellos/as que dependen de la escuela para recibir su única comida caliente del día y aquellos/as cuyas familias han perdido ingresos como resultado de recortes de empleos o trabajos precarios o que se encuentran en una situación difícil.

En el Reino Unido, por ejemplo, Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales han advertido que los cierres podrían tener un impacto involuntario en los niños y las niñas de familias pobres que dependen de las escuelas para recibir su comida caliente principal del día. Para ayudar a aliviar el hambre en caso de cerrarse las escuelas, los gobiernos deberían considerar distribuir subsidios simples en efectivo entre las familias cuyos hijos/as reciben comidas escolares gratuitas o que reciben asistencia de seguridad social relacionada con la familia. También deberían considerar programas para que las escuelas continúen distribuyendo almuerzos gratuitos a los menores, incluso cuando las clases estén suspendidas.

Centrarse en las tecnologías y los métodos más accesibles

La UNESCO ha recomendado que los países “adopten una variedad de soluciones de alta tecnología, débil tecnología o ninguna tecnología para asegurar la continuidad del aprendizaje”. Aunque se ha prestado mucha atención a las plataformas de aprendizaje en línea, muchas escuelas públicas no están preparadas para usarlas o no tienen un acceso confiable a Internet. Así como tampoco lo tiene todo el cuerpo estudiantil. Las escuelas públicas en muchos, si no en la mayoría, de los países afectados operan en gran medida fuera de línea, particularmente en países de bajos ingresos donde las escuelas públicas suelen carecer de recursos suficientes.

Durante los cierres obligatorios, los funcionarios de educación y los docentes deben apoyar a los/las estudiantes más vulnerables utilizando cualquier tecnología disponible, incluidos teléfonos, aplicaciones seguras de mensajes de texto u otras funciones de chat accesibles, para comunicarse con ellos/as y mantener su participación. También deben asegurarse de que los/las estudiantes reciban los materiales impresos o en línea de manera oportuna, con especial atención a los/las estudiantes con discapacidades que requieren material adaptado y accesible. También deberían verificar regularmente cómo están manejando los padres o familiares las condiciones escolares temporales en el hogar, y prestar atención en la medida de lo posible a las familias con baja alfabetización, padres de menores con dificultades de aprendizaje o discapacidades, y padres que pueden estar menos familiarizados con los planes de estudio utilizados, incluidos los padres refugiados o inmigrantes.

En el Líbano, por ejemplo, donde se han cerrado tanto las escuelas públicas como privadas, las clases se han mudado en línea. Amer Makarem, de Youth Association of the Blind, dijo a Human Rights Watch que las clases en línea y la distribución de lecciones generalmente no son accesibles para estudiantes con discapacidades visuales. Algunos docentes están enviando lecciones por WhatsApp, a veces como archivos de imagen que tampoco son accesibles. Estas graves deficiencias ponen en evidencia la necesidad de garantizar que los gobiernos consulten a las personas con discapacidades al definir los planes de respuesta ante emergencias, y garantizar que las clases en línea o cualquier plan de lecciones remotas sean accesibles e inclusivas para los estudiantes con diversos tipos de discapacidades.

Prepararse para adoptar medidas inmediatas una vez que termine la crisis

Una vez que se vuelvan a abrir las escuelas, los funcionarios escolares deberían revisar sus listas de inscripción y verificar quién no se ha presentado en la escuela. El cumplimiento de las responsabilidades de la educación obligatoria es clave una vez que se recupera la estabilidad, asegurando que se aborden los posibles obstáculos que puedan haber surgido como resultado de la crisis. Esto significa que deberían hacer un seguimiento de las familias y comunidades con niños y niñas con mayor riesgo de abandono escolar y asegurarse de que todos/as los/las estudiantes retomen las clases.

Conforme los sistemas educativos afrontan estos tiempos difíciles, es inevitable que se pierda mucho tiempo escolar oficial. Aunque el aprendizaje en línea se debe utilizar para mitigar el impacto inmediato del cierre de las escuelas, los gobiernos deberían garantizar también que todos los menores recuperen el tiempo perdido en clase una vez que las escuelas vuelvan a abrir. Los gobiernos ya deberían comenzar a trabajar con funcionarios ministeriales, sindicatos y asociaciones de docentes, organizaciones para personas con discapacidad y grupos relevantes para diseñar y adoptar estrategias de mitigación.

Estas estrategias deberían tener en cuenta planes de enseñanza adicional o complementaria para recuperar las horas de enseñanza presencial perdidas, ajustando los calendarios escolares y los horarios de los exámenes, y asegurando una compensación justa para los docentes y el personal escolar que trabajan horas extraordinarias y se exponen al virus al seguir trabajando.

Finalmente, fortalecer los sistemas para sostener crisis futuras

Todos los gobiernos deberían aprender de esta experiencia y fortalecer sus sistemas educativos para resistir crisis futuras, ya sea por enfermedades, conflictos armados o el cambio climático. Esta pandemia ha puesto en evidencia que muy pocos gobiernos han invertido en su respuesta a emergencias educativas, o han puesto a prueba su capacidad para manejar los efectos colaterales de los desastres en la educación. Dada la expectativa de nuevas conmociones, esto no solo es recomendable, sino imperativo para proteger el derecho de los niños, las niñas y los/las jóvenes a la educación en tiempos inestables.

Elin Martínez es investigadora de derechos del niño de Human Rights Watch y un miembro del Consejo administrativo del Right to Education Initiative. Para mas información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre el derecho a la educación, visita su pagina web sobre educación. 

Para mas información sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia, visita la pagina web de RTE sobre este tema.