Respuestas basadas en los derechos a la provisión de educación no estatal: una tipología tentativa y algunas reflexiones críticas

El papel del sector privado en la educación se ha convertido en un tema candente a nivel internacional y ha tendido a generar declaraciones generalizadas y polarizadas en lugar de debates matizados. Los intentos de debatir el papel de los “actores no estatales” en la educación a menudo exacerban el problema, ya que acaban en el mismo saco una gran variedad de actores, roles y contextos. La realidad es más compleja de lo que muchas personas (incluido yo) a veces hacen ver. Por lo tanto, en este artículo, he tratado de desglosar el debate en una forma concisa y ofrecer algunas reflexiones rápidas sobre cómo podemos entender y responder a diferentes situaciones desde una perspectiva basada en los derechos. No pretendo ser neutral. Mi punto de partida es una firme creencia en una perspectiva basada en los derechos y la convicción de que la educación puede y debe ser una poderosa fuerza de igualación en la sociedad.

Esta clasificación de once tipos de prestación no estatal de educación no es ni mucho menos perfecta (muchas categorías podrían subdividirse), pero incluye:

1. Iniciativas comunitarias en las zonas rurales donde el Estado no provee educación
2. Iniciativas comunitarias en zonas urbanas marginales donde el Estado está ausente
3. Escuelas de inmersión lingüística inglesa donde las escuelas gubernamentales no enseñan en inglés
4. Escuelas comunitarias fundadas por ONG/centros de educación no formal/escuelas filantrópicas
5. Escuelas inclusivas/especiales para niños con discapacidades
6. Escuelas religiosas
7. Proveedores comerciales con fines de lucro de escuelas privadas de bajo costo
8. Escuelas privadas para la clase media y ricos
9. Tutoría privada complementaria
10. Modelos basados en cupones para dar una opción a los padres
11. Asociaciones Públicos-Privadas

Para cada categoría he tratado de identificar lo que podría ser el compromiso inmediato o la respuesta práctica de aquellos que están preocupados por avanzar el derecho a la educación, separando esto de lo que podría ser una respuesta más estratégica a más largo plazo.

La mayoría de los sistemas educativos son diversos, con múltiples actores y proveedores. Ya sean gubernamentales, ONG, filantrópicos, religiosos o privados, el Estado tiene la clara obligación de proteger el derecho a la educación de la interferencia negativa de los actores no estatales (párr. 47), garantizando que todos puedan disfrutar del derecho a la educación. Si bien la tolerancia de un sistema diverso es importante, es igualmente crucial que se establezcan normas claras para todos los proveedores y que haya una capacidad viable para supervisar el cumplimiento de estas normas. Estas normas deberían ser coherentes con los compromisos fundamentales en materia de derechos humanos, como el derecho a la educación gratuita, a la no discriminación, a una infraestructura adecuada, a maestros capacitados de calidad, a un entorno seguro y no violento, a una educación relevante basada en un amplio plan de estudios y escuelas transparentes y responsables (véase La promoción de los derechos en las escuelas para leer sobre estos temas en mayor profundidad). Hay puntos de inflexión y concesiones a tener en cuenta. A veces será más barato y más eficaz para el Estado ser un proveedor directo (la obligación de cumplir) que invertir en un marco de regulación y ejecución enorme para supervisar el cumplimiento por otros.

Concluyo que debemos ser muy cautelosos con los argumentos que sugieren que los sistemas de educación pública están destinados al fracaso; que son el “pasado” y que la provisión competitiva de educación privada es el futuro inevitable. Todos los países que han alcanzado la universalización del acceso a la educación lo han hecho mediante una acción gubernamental fuerte y coordinada, además de una inversión consistente en un sistema de educación predominantemente público. Sí, hay crisis en los sistemas de educación pública en muchos países, pero éstas suelen estar relacionadas con años de insuficiencia crónica de fondos, ya sea debido a ingresos fiscales muy bajos (bajos impuestos con respecto al PIB), una dedicación insuficiente del presupuesto nacional a la educación (la referencia del 20 por ciento de los presupuestos nacionales debería ser el mínimo para los países de bajos ingresos), una distribución inadecuada de los fondos (por ejemplo, dar prioridad a la educación terciaria sobre la básica) o una mala utilización de los presupuestos (debido a la corrupción/falta de transparencia/incapacidad institucional). Todos estos problemas podrían y deberían ser abordados para reconstruir la confianza de las personas en el papel del sector público en la educación. Las entidades no estatales podrían complementar pero no suplantar la función del Estado. La calidad de la educación que reciben los niños nunca debería estar estratificada, depender de la clase social de sus padres o su capacidad de pago. Debemos construir sistemas de educación diversos pero equitativos si queremos que la educación actúe como una fuerza igualadora dentro de la sociedad. 

David Archer es director de Desarrollo de Programas de ActionAid, miembro de la junta directiva de la Campaña Mundial por la Educación y es el representante elegido para la sociedad civil del Norte en la junta de la Asociación Mundial por la Educación. Anteriormente fue director de Educación en ActionAid durante muchos años y ha escrito extensamente sobre los enfoques hacia la educación basados en los derechos humanos.

Desde 2008 ha gestionado el proyecto Right to Education Initiative en ActionAid y es parte de su Comité Directivo-