Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción y la realización del derecho a la educación. Sin embargo, aunque la educación está ampliamente reconocida como un derecho humano fundamental, muchas organizaciones se enfrentan a dificultades para traducir este reconocimiento jurídico en estrategias de incidencia eficaces que permitan exigir a los gobiernos y a otros titulares de obligaciones el cumplimiento de sus responsabilidades.
Para contribuir a cerrar esta brecha, la Iniciativa por el derecho à la educación (RTE, por sus siglas en inglés) y Educación en voz alta (EOL, por sus siglas en inglés) organizaron conjuntamente un seminario web para presentar la publicación Cómo las organizaciones de la sociedad civil han utilizado el derecho y los mecanismos de derechos humanos para promover el derecho a la educación: 5 estudios de caso.
El seminario web reunió a alrededor de 50 participantes, entre ellos organizaciones beneficiarias de EOL y representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. El evento ofreció una oportunidad única para explorar cómo el derecho internacional de los derechos humanos y los mecanismos de rendición de cuentas pueden utilizarse como herramientas prácticas para la incidencia en materia de educación. Celebrado en tres idiomas (inglés, francés y español), el seminario puso de relieve ejemplos concretos de organizaciones de la sociedad civil que han utilizado con éxito los mecanismos de derechos humanos para promover la realización del derecho a la educación en Argentina, Canadá, España, Francia, Hungría y Nepal.
Por qué esta publicación es importante
El derecho internacional de los derechos humanos constituye la base de la defensa de la educación, puesto que la educación es un derecho humano. Las normas internacionales de derechos humanos y las leyes de cada país establecen obligaciones jurídicas claras para los Estados y ofrecen una serie de mecanismos a través de los cuales los titulares de derechos pueden denunciar violaciones, exigir la rendición de cuentas y reclamar la realización de sus derechos. Sin embargo, estos mecanismos siguen siendo poco utilizados por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector de la educación, principalmente porque desconocen su existencia o porque no saben cómo desenvolverse en el sistema de derechos humanos para lograr cambios significativos y concretos.
La publicación Cómo las organizaciones de la sociedad civil han utilizado el derecho y los mecanismos de derechos humanos para promover el derecho a la educación: 5 estudios de caso busca desmitificar el derecho y los mecanismos de derechos humanos mediante la documentación de experiencias reales de organizaciones de la sociedad civil que los han incorporado con éxito a su trabajo de incidencia. A través de cinco estudios de caso prácticos, la publicación muestra cómo las estrategias de incidencia pueden fundamentarse en el derecho internacional de los derechos humanos y cómo diferentes mecanismos de rendición de cuentas pueden movilizarse estratégicamente para promover la realización del derecho a la educación.
Cada estudio de caso presenta no solo los resultados obtenidos, sino también las decisiones estratégicas, los desafíos y las lecciones aprendidas que marcaron el proceso de incidencia, ofreciendo a otras organizaciones una hoja de ruta que pueden adaptar a sus propios contextos.
Aprender de experiencias prácticas
El evento de presentación dio vida a la publicación mediante un diálogo directo con las organizaciones protagonistas de los estudios de caso. Los ponentes tuvieron la oportunidad de presentar sus experiencias, destacando:
el problema relacionado con el derecho a la educación que su organización trató de abordar;
las estrategias de incidencia y los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos utilizados para abordar dicho problema;
los resultados obtenidos mediante el uso de estos mecanismos, como, por ejemplo, la reincorporación de estudiantes al sistema educativo, la adopción de nuevas leyes o la indemnización de las comunidades afectadas;
las recomendaciones que podían ofrecer a otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en adoptar enfoques similares.
Este seminario web permitió a los participantes ir más allá de las páginas de la publicación e interactuar directamente con quienes llevaron adelante estos procesos de incidencia, conociendo no solo las estrategias que dieron resultado, sino también los obstáculos encontrados a lo largo del camino. Los ponentes reflexionaron sobre la importancia de generar evidencias, involucrar a las comunidades afectadas, establecer alianzas estratégicas y combinar mecanismos de rendición de cuentas jurídicos y cuasi jurídicos con otras estrategias de incidencia más amplias, como el diálogo sobre políticas públicas y la colaboración con los medios de comunicación. Asimismo, destacaron que los mecanismos de derechos humanos son accesibles para todas las organizaciones, incluso aquellas que no cuentan con conocimientos jurídicos especializados.
Fiel a su objetivo de fomentar el aprendizaje entre pares, el seminario web fue concebido como un espacio interactivo. Se invitó a las organizaciones beneficiarias de Education Out Loud a compartir sus propias experiencias y a formular preguntas a organizaciones pares que ya habían recurrido a mecanismos de derechos humanos en el marco de sus estrategias de incidencia.
Conoce a los ponentes
Delphine Dorsi, directora ejecutiva de la Iniciativa por el derecho à la educación (RTE), y Marianne Olesen, coordinadora sénior du programa Educación en voz alta (EOL) en Oxfam Dinamarca, inauguraron la sesión celebrando la colaboración entre ambas organizaciones y destacando la importancia de las investigaciones que aportan conocimientos e inspiran a las organizaciones de la sociedad civil. Marianne Olsen recordó que el aprendizaje es un pilar fundamental de EOL, el programa emblemático de la Alianza Mundial para la Educación (GPE) para fortalecer la incidencia y la rendición de cuentas de la sociedad civil, y señaló que su repositorio de recursos ofrece una amplia variedad de herramientas prácticas e informes de investigación. Delphine Dorsi describió la trayectoria de RTE como Parcero Global de Aprendizaje de EOL y destacó la importancia de analizar las barreras a la educación como cuestiones de derechos humanos. Basándose en la experiencia de RTE en materia de derechos humanos y en su trabajo de apoyo a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, señaló el papel que pueden desempeñar los mecanismos de rendición de cuentas para traducir los compromisos en acciones concretas.
Juliana Lima, gestora de proyectos (seguimiento e incidencia) de RTE y una de las autoras de la publicación, presentó la nueva publicación y destacó que su introducción establece las bases conceptuales de los cinco estudios de caso que se presentan a continuación, abordando las nociones de enfoque de la incidencia basado en los derechos humanos y de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Recordó que las organizaciones de la sociedad civil tienen a su disposición diferentes mecanismos de rendición de cuentas, que son complementarios entre sí, y que las estrategias de incidencia deben considerar múltiples perspectivas e iniciativas.
Los tres primeros ponentes presentaron cómo utilizaron mecanismos nacionales de derechos humanos para generar cambios en la realización del derecho a la educación. Juliana Lima presentó el primer estudio de caso y compartió la experiencia del European Roma Rights Centre (ERRC) en el uso de la institución del Defensor del Pueblo para combatir la discriminación y la segregación de los niños y niñas romaníes que asistían a centros de educación infantil en la ciudad húngara de Kalocsa. Explicó cómo la colaboración estratégica con el Defensor del Pueblo contribuyó al cierre de aulas segregadas de educación infantil en el municipio y reforzó los esfuerzos de incidencia para poner fin a la discriminación de los niños y niñas romaníes a nivel nacional.
Ram Gaire, de la Campaña Nacional por la Educación de Nepal (NCE Nepal), explicó que la coalición ha colaborado con diferentes comisiones nacionales temáticas de derechos humanos para promover la justicia educativa. Señaló que las instituciones de derechos humanos desempeñan múltiples funciones, desde investigar violaciones del derecho a la educación hasta supervisar la acción de los ministerios de educación y los parlamentos y formular las recomendaciones. Compartió los desafíos y las lecciones aprendidas de su experiencia, animando a otras organizaciones a colaborar con las instituciones de derechos humanos de sus propios países.
Agostina Quiroz, de la organización argentina Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), compartió las lecciones aprendidas del uso del litigio para hacer efectivos los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Mostró que la decisión judicial tuvo un impacto directo en el derecho a la educación de estos niños y niñas, especialmente frente a las prácticas de instituciones privadas que rechazaban sistemáticamente su matriculación en aulas ordinarias y los relegaron a escuelas de educación especial. Reflexionó sobre algunos de los principales desafíos encontrados durante el proceso de litigio, como su duración y su coste, al tiempo que animó a otras organizaciones de la sociedad civil a recurrir a los mecanismos judiciales para promover cambios estructurales.
Los tres últimos ponentes se centraron en sus experiencias de utilización de mecanismos internacionales de derechos humanos para generar cambios a nivel nacional. Stéphane Vignault, de École ensemble, una organización de la sociedad civil de Quebec, Canadá, explicó que, después de presentar un informe alternativo sobre la segregación escolar en Quebec ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), la cuestión adquirió una gran repercusión mediática, lo que aumentó la presión sobre los responsables gubernamentales y los parlamentarios. Destacó que las organizaciones de la sociedad civil no necesitan contar con conocimientos jurídicos especializados para presentar informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas: lo esencial es compartir con los Comités de la ONU los conocimientos y las evidencias que poseen gracias a su trabajo sobre el terreno.
Al presentar el caso de las desigualdades en la educación superior en Francia, Delphine Dorsi explicó cómo la Iniciativa por el derecho à la educación colaboró con sindicatos estudiantiles para presentar un informe alternativo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), en el marco del examen del cumplimiento por parte de Francia de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Destacó la importancia de hacer un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité a los Estados, así como el impacto que las recomendaciones formuladas a nivel internacional pueden tener en el ámbito nacional. En este caso, las recomendaciones fueron citadas en un informe de la Comisión de Educación del Parlamento y, sin duda, influyeron en el contenido de una propuesta de ley sobre educación superior.
José Luis Rodríguez Candela, abogado español, presentó el caso de Louiza, a quien se había negado el acceso a la educación debido a su «situación documental irregular». Explicó que presentó una comunicación contra España ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC), alegando que el Estado había vulnerado el derecho de Louiza a la educación. Louiza, que desde entonces ha sido reincorporada al sistema educativo y ha completado tanto la educación primaria como la secundaria, compartió su testimonio sobre cómo el caso «cambió su vida» y cómo, inspirada por su propia historia, se ha convertido en defensora del derecho a la educación. Explicó que actualmente estudia en la universidad y persigue sus sueños, algo que, según señaló, no habría sido posible sin la comunicación presentada ante el Comité de los Derechos del Niño.
En conjunto, todos los casos presentados durante la sesión demostraron que combinar diferentes estrategias de incidencia con la utilización de mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos puede ser eficaz para exigir a los Estados que rindan cuentas por el cumplimiento de sus obligaciones en materia del derecho a la educación.
Lecciones aprendidas
Los participantes profundizaron su comprensión de cómo el derecho de los derechos humanos puede utilizarse como una herramienta práctica de incidencia, se familiarizaron con los principales mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y conocieron las experiencias y aprendizajes de organizaciones que han utilizado con éxito estos mecanismos en sus estrategias de incidencia política y defensa del derecho à la education. A continuación, presentamos 10 aprendizajes clave de la sesión.
Un enfoque de la incidencia basado en los derechos humanos se caracteriza por su fundamento jurídico, su énfasis en las obligaciones de los Estados establecidas por el derecho y la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas en materia de derechos humanos se refiere a los procesos mediante los cuales se exige a los titulares de obligaciones, principalmente los Estados, que respondan por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos stricto sensu se refieren a procedimientos verticales, institucionalizados y formales, como los mecanismos judiciales y cuasi judiciales de rendición de cuentas (tribunales, órganos de tratados, procedimientos especiales, Defensores del Pueblo, comisiones de derechos humanos, etc.). La rendición de cuentas social y política se promueve mediante la presión pública, la transparencia, el diálogo político y la movilización ciudadana.
Las diferentes formas de rendición de cuentas - social, política, judicial y cuasi judicial - son complementarias y se refuerzan mutuamente. Invertir en estrategias de incidencia múltiples y a largo plazo aumenta las posibilidades de éxito.
Los mecanismos de derechos humanos pueden constituir vías accesibles, estratégicas y eficaces para las organizaciones de la sociedad civil que buscan promover la realización del derecho a la educación, incluso en países donde el espacio cívico está restringido y el diálogo con el Estado resulta difícil o demasiado sensible.
Muchos mecanismos de derechos humanos no están reservados exclusivamente a los expertos jurídicos: organizaciones de la sociedad civil de diferentes tamaños y capacidades pueden utilizarlos para influir en los responsables de la toma de decisiones y promover cambios sistémicos, incluso sin conocimientos jurídicos previos.
Los mecanismos nacionales de derechos humanos, como las instituciones del Defensor del Pueblo y las comisiones nacionales de derechos humanos, suelen ser muy accesibles para las organizaciones de la sociedad civil, por lo que resulta muy valioso mantener una relación de colaboración a largo plazo con estas instituciones.
El litigio puede generar cambios sistémicos en el sistema de educación, pero también puede ser un proceso largo y costoso que requiere conocimientos jurídicos especializados y representación legal de abogados.
Los mecanismos internacionales de derechos humanos, como los órganos de tratados de las Naciones Unidas, pueden ser eficaces para presionar a los gobiernos a fin de que hagan efectivo el derecho a la educación a nivel nacional. Las organizaciones de la sociedad civil no necesitan contar con conocimientos jurídicos especializados para colaborar con los órganos de tratados de las Naciones Unidas, pero el sistema de la ONU no siempre es fácil de comprender y utilizar, especialmente para las organizaciones que participan por primera vez en un proceso de presentación de informes alternativos. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones relacionadas con la educación pueden asociarse con organizaciones locales e internacionales de derechos humanos si necesitan apoyo para participar en los procedimientos de presentación de informes alternativos o de comunicaciones individuales (quejas/denuncias).
Las organizaciones de la sociedad civil pueden comenzar por identificar las instituciones nacionales de derechos humanos existentes en sus propios países y consultar los ciclos de examen periódico en los sitios web de las Naciones Unidas: los órganos de tratados de las Naciones Unidas y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.
Desmitificar el derecho de los derechos humanos e inspirar a las organizaciones de la sociedad civil
Este seminario web refleja una ambición ampliamente compartida por la Iniciativa por el Derecho a la Educación y Educación en Voz Alta: alentar a las organizaciones de la sociedad civil, inspirándose en las experiencias de sus pares, a explorar diferentes vías para exigir rendición de cuentas a los Estados, al tiempo que se les proporcionan los conocimientos y las herramientas necesarias para comprender y utilizar mejor el sistema de derechos humanos.
A través de la publicación y de los continuos intercambios y procesos de aprendizaje entre pares, RTE y EOL esperan encorajar a más organizaciones a integrar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en sus estrategias de incidencia política y reforzar los esfuerzos para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación.
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