En el primer día de escuela, los niños a menudo se preocupan si van a hacer nuevos amigos o si le van ha gustarsus maestros. Pero en la República Dominicana, algunos enfrentan una preocupación mucho más grave: ¿Tendré que dejar de cursar estudios porque carezco de un certificado de nacimiento?

El informe, Dejado Atrás: Como la Apatridia en la República Dominicana Limita el Acceso de los Niños a la Educación, videncia como muchos niños nacidos en la República Dominicana, descendientes de extranjeros, particularmente haitianos, enfrentan obstáculos para tener acceso a la educación. Durante generaciones, esos niños fueron reconocidos como ciudadanos, pero en la última década, el gobierno dominicano se ha negado a emitir certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y otros tipos de documentación esencial, resultando para muchos de ellos en una situación de apatridia. El informe concluye que la República Dominicana no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluido el derecho humano a la educación.

El informe es producto de meses de investigación y decenas de entrevistas con familias afectadas, así como con educadores, defensores y funcionarios gubernamentales. Muchos dominicanos de ascendencia haitiana que fueron entrevistados fueron privados del derecho a acceder a la educación primaria, secundaria o universitaria por no haber podido obtener documentos de identidad. En los casos en los que los niños han podido acceder a la educación, a muchos de ellos se les ha negado la oportunidad de tomar los exámenes nacionales necesarios para graduarse por no poseer un acta de nacimiento.

Todo esto ocurre a pesar de que las leyes, políticas y garantías constitucionales tienen como propósito que todos los niños tengan acceso a la educación. El informe observa que las barreras administrativas, la discriminación y la confusión acerca de la ley representan que en la práctica, no todos los niños en la República Dominicana tienen permitido asistir a la escuela, aún y cuando ellos mismos se consideran orgullosamente Dominicanos.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha sistematizado testimonios y sugerencias de educadores/as y estudiantes en contextos de encierro, y reunió estas reflexiones en la publicación El Derecho Humano a la Educación en contextos de encierro desde la perspectiva de sus sujetos.

Este documento pone en evidencia las recomendaciones y los pensamientos de estudiantes y docentes en contextos de encierro a partir de sugerencias y testimonios recopilados por medio de entrevistas con maestras/os y personas en privación de libertad de Bolivia, Brasil y Argentina. Estos diálogos se realizaron en visitas específicas realizadas por la CLADE en los últimos tres años, en el marco del proyecto Ampliando Voces – miradas y propuestas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la perspectiva de sus sujetos.

Las reflexiones presentadas en la publicación no son una muestra representativa de sus países, pero revelan una diversidad de situaciones que se deben tomar en cuenta para conocer la realidad de la educación en las cárceles e intervenir con políticas adecuadas y pertinentes para la realización del derecho a la educación de estas/os ciudadanas/os.

La investigación presenta las formas contemporáneas de privatización en el campo educativo y los posibles impactos para la realización del derecho humano a la educación para todos y todas

A lo largo de las últimas décadas, las políticas pro privatización han cobrado un lugar central en muchos procesos de reforma educativa a escala global (Burch, 2009). El avance de estas políticas se explica parcialmente por el impacto de una serie de factores comunes de carácter externo –incluyendo presiones derivadas de la globalización económica o el rol de organizaciones internacionales con una preferencia por las soluciones de mercado. Sin embargo, en su implementación, estas políticas no responden a un modelo homogéneo en cuanto a sus fines, sentidos, diseños y temporalidades. Por el contrario, diversos condicionantes de carácter interno, sociopolíticos, institucionales, demográficos e históricos propios de cada contexto nacional y/o subnacional han dado como resultado distintas trayectorias de privatización educativa con características específicas (Verger, Fontdevila, & Zancajo, 2016).

En América Latina, las políticas pro privatización han asumido un rol protagónico singular en los procesos de reforma educativa, especialmente a partir de la década de 1990 (Bellei & Orellana, 2014). La consecuencia más evidente –aunque no exclusiva– de estos procesos ha sido la creciente participación de agentes privados en la provisión educativa bajo diversos arreglos institucionales. En las últimas décadas, de hecho, América Latina ha sido la región del mundo en la que la privatización de la provisión educativa ha crecido de forma más acusada y constante (Verger, Moschetti, & Fontdevila, 2017). A su vez, como rasgo particular y paradójico, los procesos de privatización en la región corrieron en paralelo al creciente ingreso a la educación pública de sectores sociales largamente excluidos del acceso a este derecho (Bordoli & Conde, 2016). El interjuego de ambos procesos no ha hecho más que poner de manifiesto las contradicciones y desafíos que enfrentan los estados de la región en materia de integración e igualdad.

 

El informe "Educación privada de bajo coste en el Perú: un enfoque desde la calidad" ha sido realizado conjuntamente por un equipo de investigación de la Universitat
Autònoma de Barcelona y del Grupo de Análisis para el Desarrollo de Lima y ofrece un panorama actual de la distribución de la oferta privada en el Perú, con especial atención a Lima Metropolitana y, en particular, al distrito de San Juan de Lurigancho.