22 آب (اغسطس) 2016

En encuentro virtual promovido por la CLADE, diputados/as y senadores/as discuten cómo contrarrestar los procesos de privatización de y en la educación en la región, y cómo incidir por la formulación de leyes y políticas que fortalezcan los sistemas educativos públicos

Integrantes de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe realizaron su primera reunión virtual para discutir las tendencias de la privatización de y en la educación en la región. Coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Mixta es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y articulación entre legisladores/as y sociedad civil en los ámbitos nacional y regional, con miras a la defensa de la educación pública, gratuita y laica para todas las personas. 

Su propósito es impulsar la implementación de marcos legales que sean promotores del derecho humano a la educación y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de la comunidad educativa, en el debate legislativo y presupuestario. Hasta el momento, participan del grupo representantes de 17 países de la región. Para este año, la Red Mixta ha elegido tres temas prioritarios que se discutirán en sus reuniones: la participación y la criminalización de los movimientos sociales, especialmente los que defienden la educación; la no discriminación y la no violencia en la educación, además de la privatización de y en la educación. 

En dicho encuentro virtual, que tuvo lugar el día 29 de julio, los datos presentados por parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Uruguay indicaron las distintas maneras como los procesos de privatización de y en la educación vienen ocurriendo en sus países. Entre las tendencias mencionadas, se destacan: el recorte del financiamiento al sistema educativo público, la transferencia de recursos públicos y de la gestión de centros educativos de la red pública a la iniciativa privada y la ocupación de espacios de toma de decisión en los poderes Legislativo y Ejecutivo por sectores empresariales.  

En su intervención, el senador de Colombia Senén Niño Avendaño ha señalado la influencia de las redes empresariales de educación en la formulación y ejecución de las políticas educativas en su país, destacando que la disminución del rol del Estado y la promoción de esos intereses económicos particulares pueden afectar negativamente a la garantía del derecho a la educación de todas las personas. 

A su vez, el diputado de Uruguay Sebastián Sabini añadió que las políticas económicas que plantean reducir los gastos públicos con derechos fundamentales debilitan el sistema educativo público y profundizan la falsa percepción de que la oferta educativa privada tiene calidad superior a la pública. Asimismo, afirmó que en Uruguay han avanzado propuestas privatizadoras en la educación y el reclamo por resultados inmediatos para el sistema educativo, en base a un discurso economicista que no contempla la perspectiva de derechos humanos. 

En la República Dominicana, además de la influencia de los grupos empresariales, actores religiosos han asumido la gestión de escuelas con recursos públicos. “Se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado mediante el cual el Ministerio acepta que, con la transferencia de recursos públicos a dicha entidad, se administren establecimientos educativos de propiedad de las diócesis, parroquias, institutos de vida consagrada y otros organismos eclesiásticos. Lo que entra en contradicción con el principio de que el Estado debe ofrecer una educación laica, además de que hay un trato inequitativo hacia otras religiones”, añade la diputada Guadalupe Valdez, de la República Dominicana. 

Otro aspecto del proceso de privatización que se destacó en el debate virtual es la tendencia a la disminución de la participación social en el debate sobre políticas educativas - particularmente en lo que toca a los sujetos de la comunidad educativa, como docentes y estudiantes -, incluso con la criminalización de la protesta social. “El espacio de definición de las políticas educativas está siendo crecientemente ocupado por sectores privados laicos y no laicos. En ese sentido, el fortalecimiento de la gestión democrática es también un campo de lucha legislativa y tendrían que fortalecerse marcos legales para establecer que las políticas sean definidas por criterios públicos y con participación en la toma de decisiones”, refuerza Camilla Croso, coordinadora de la CLADE.

Parlacen apoya a la Red Mixta - En el último mayo, las y los integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobaron resolución de apoyo al funcionamiento de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe. Actualmente, ocho diputados/as del Parlacen forman parte en esta red.

En su resolución, el Parlamento afirma “que es fundamental y de mucha importancia la participación ciudadana en el debate legislativo y la ampliación del debate público sobre el derecho a la educación o los contenidos de las normas y políticas públicas”.

Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)