Trabajar localmente a nivel de la comunidad

El derecho a la educación se percibe, con frecuencia, como un concepto abstracto y aunque está consagrado en una serie de leyes nacionales y convenciones internacionales, carece de significado para las personas que nunca lo han experimentado y que probablemente no saben siquiera que el derecho existe. Basar el derecho a la educación localmente es transformar este concepto abstracto en una realidad concreta; es examinar las disposiciones vigentes e investigar qué necesitan las personas locales para convertir su derecho a la educación en una realidad.
Sin embargo, antes de introducir el derecho a la educación a nivel local, es importante llevar a cabo una investigación inicial. Aunque el derecho a la educación es universal, las constituciones y leyes nacionales lo interpretan de distintas maneras.
Esto podría limitar la capacidad de aplicar el derecho a nivel nacional. Por ejemplo, el Estado puede haber ratificado ciertos tratados internacionales o consagrado el derecho a la educación en la legislación nacional. La situación del derecho y el grado de detalle con que se lo describe en la constitución o la legislación nacional, influirán en la manera en que uno planifica y lleva a cabo cualquier actividad.
1 Titular de derechos y detentor de obligación. La primera etapa de esta clase de trabajo es despertar la conciencia sobre el derecho. El simple hecho de informar a las personas que tienen un derecho y que ese derecho les está siendo negado, puede ser suficiente para despertar su interés en ser parte de un proceso.
2 Hacer que el derecho tenga un significado: las 4-A. Esto implica examinar las disposiciones vigentes sobre el derecho a la educación, entender lo que ofrece la constitución y determinar lo que falta para realizar el derecho.
3 Del análisis a la acción. La tercera etapa es fortalecer las competencias, los conocimientos y la confianza de las personas para que puedan responsabilizar al gobierno de cumplir su obligación y realizar el derecho a la educación.

