La Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio son compromisos políticos para la educación y el desarrollo.

Además del derecho internacional de los derechos humanos y las leyes nacionales, también hay compromisos políticos importantes en el campo de la educación. Los dos más globales y más influyentes son la Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En abril de 2000, la comunidad internacional aprobó el Marco de Acción de Dakar sobre la Educación para Todos e identificó seis metas a cumplir para el año 2015:

  • Meta 1: Ampliar el cuidado y la educación de la primera infancia
  • Meta 2: Proporcionar educación primaria gratuita y obligatoria para todos
  • Meta 3: Promover el aprendizaje y las habilidades para la vida de los jóvenes y adultos
  • Meta 4: Aumentar la alfabetización de adultos
  • Meta 5: Lograr la igualdad de género
  • Meta 6: Mejorar la calidad de la educación

En septiembre de 2000, los Estados adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que estableció ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio para poner fin a la pobreza en el mundo; estos objetivos también se deben cumplir para 2015. Dos de estos objetivos se refieren a la educación:

  • Meta 2: Lograr la enseñanza primaria universal
  • Meta 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

 

La EPT y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no crean obligaciones jurídicas a los Estados; sólo son compromisos políticos. Si un Estado no logra los objetivos de la EPT y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no debe responder legalmente por ello.

No abarcan todos los aspectos del derecho a la educación tal como se define en el derecho internacional. Por ejemplo, los ODM 2 sólo se centran en el logro de una educación primaria universal. La EPT tiene un espectro más amplio que abarca los diferentes niveles de la educación desde la primera infancia hasta el aprendizaje de por vida, incluidos objetivos cuantitativos y cualitativos. Pero en la práctica, los Estados han centrado su atención en el acceso a la educación primaria y la igualdad de género, dejando de lado los demás aspectos fundamentales del derecho a la educación.

Establecen objetivos cuantitativos a lograr en un tiempo específico. Sin embargo, el derecho a la educación garantizado por el derecho internacional crea obligaciones inmediatas para los Estados, incluido el derecho a la educación primaria gratuita y obligatoria.

2015 marca la fecha límite para lograr tanto la EPT como los ODM pero las realidad es que no se alcanzarán. Todavía hay 131 millones de niños con edad para asistir a la escuela primaria y secundaria inferior que no van a la escuela y 755 millones de adultos analfabetos (Compendio Mundial de la Educación 2012 del IEU). Hay grupos marginados, en particular las niñas, que todavía son dejados de lado y existe una gran preocupación en todo el mundo en relación con la mala calidad de la educación.

La comunidad internacional está realizando una consulta a nivel mundial para definir un nuevo marco para después de 2015. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel clave y han compartido sus opiniones sobre la educación en este nuevo marco (ver "recursos"). El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación también ha formulado recomendaciones con respecto a la agenda futura.

Hay un fuerte llamado para una agenda para después de 2015basada en los derechos humanos con el fin de alcanzar la equidad y la justicia social, con mayor transparencia y rendición de cuentas.

El derecho a la educación juega un papel clave para el logro de la EPT y los ODM y es central en el contexto de la agenda para después de 2015. Como ha subrayado el Relator Especial de la ONU, "todos los objetivos de desarrollo tienen dimensiones educativas y el derecho a la educación provee el punto de apoyo indispensable para el desarrollo". Es fundamental vincular las obligaciones de los Estados relativas al derecho a la educación con los compromisos políticos para lograr la realización plena del derecho a la educación para todos y para hacer que los Estados rindan cuentas de ello.