De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la enseñanza primaria deberá ser obligatoria y gratuita. La educación secundaria y superior se transformará progresivamente en gratuita.

La gratuidad de la enseñanza primaria es fundamental para garantizar a todos el acceso a la educación. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, a menudo las familias no pueden permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la escuela, dejando a millones de niños en edad escolar sin educación. A pesar de las obligaciones internacionales, algunos de los Estados continúan fijando un pago para tener acceso a la educación primaria. Además, a menudo existen costos indirectos relacionados con la educación, como en el caso de los textos escolares, uniformes o el transporte, que impiden que los niños de familias de bajos ingresos puedan tener acceso a la enseñanza.

Las dificultades financieras que enfrentan los Estados no pueden liberarlos de su obligación de garantizar la educación primaria gratuita. Si un Estado es incapaz de asegurar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, cuando ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aún tendrá la obligación inmediata, dentro de un plazo de dos años, de elaborar y adoptar un plan de acción detallado para su aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años a ser establecidos en el plan (PIDESC, artículo 14). Para obtener más información, véase la Observación General No 11 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

"La introducción progresiva de la gratuidad de la enseñanza" significa que los Estados además de dar prioridad a la provisión de la enseñanza primaria gratuita, también tienen la obligación de adoptar medidas concretas para lograr la gratuidad de la enseñanza secundaria y superior (Observación General No 13  del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 14).