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Leyes y políticas nacionales sobre derechos de escolaridad o enseñanza gratuita – Ireland

Importa si el Estado facilita la enseñanza gratuitamente o si cobra derechos de enseñanza. Todos los Estados del mundo han firmado por lo menos un tratado internacional que les obliga a hacer que la enseñanza primaria sea gratuita y obligatoria y que la educación secundaria llegue a serlo progresivamente. Pero la educación no puede ser obligatoria si no es gratuita también y esta contradicción suele ser ignorada con demasiada frecuencia. Además, ¿qué significa realmente la enseñanza gratuita en un mundo lleno de costos evidentes y ocultos para los estudiantes, los padres y las comunidades locales? Según los resultados de una encuesta realizada por Katarina Tomasevski en 2006, la enseñanza no era realmente gratuita en la gran mayoría de los países del mundo. La información que figura a continuación sobre su país, fue sacada de este importantísimo estudio.

 

Las leyes y políticas nacionales son las aplicaciones de la constitución, aunque pueden ser más avanzadas, porque son examinadas y elaboradas de nuevo con más frecuencia. Las leyes son hechas por el gobierno, los parlamentarios y los burócratas, a menudo en consulta con la sociedad civil. No obstante, esto también las expone a la vulnerabilidad y el retroceso, pues pueden convertirse en instrumentos de la política y las prioridades a corto plazo. Las leyes y las políticas son accesibles al cambio y la influencia por medio del proceso democrático y las campañas de la sociedad civil. Y sus violaciones deben, si es posible, ser impugnadas en los tribunales o mediante la revisión judicial.

 

 

 

 

El Estado es el actor principal en cualquier reclamo del derecho a la educación, es el principal detentor de obligaciones, el principal ejecutor, es el garante, la firma respecto a las normas internacionales que lo obligan a respetar, proteger y realizar el derecho a la educación. El Estado debe, por lo tanto, ser juzgado o cuestionado sobre la base de su texto principal sobre el derecho a la educación, sea éste la constitución, las leyes o las políticas.

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